La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionó este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad esta misma jornada por la Asamblea Nacional, a partir de un proyecto que ella misma consignara en enero pasado en interés de abonar a la reconciliación nacional.
La mandataria nacional expresó su deseo de que el instrumento «sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y desde el extremismo; que sirva para reencauzar la justicia […] y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas».
“Están ustedes portando esperanza para Venezuela”, dijo a los diputados que le entregaron el texto.
Rodríguez agradeció a todos los parlamentarios por la sanción de esta Ley. “Ha sido un acto de grandeza, de desprendimiento… Desprendiendo un poco de intolerancia”.
“Hay que saber pedir perdón y saber recibir perdón”, sentenció.
La presidenta encargada pidió máxima celeridad a la comisión de seguimiento del cumplimiento de la Ley.
Los principales puntos de la ley
Los hechos que se toman en cuenta de ese lapso son:
- Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
- Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
- Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo y en agosto de 2004; en mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Una vez entre en vigor la norma, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares «darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos» referidos. Del mismo modo, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.
Se estipula que igualmente el Ejecutivo Nacional será el responsable de desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa legal.