El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este lunes que la Asamblea Nacional “usurpa” funciones del presidente Nicolás Maduro en materia de relaciones internacionales.
La Sala Constitucional señaló que su decisión se fundamentó en el “carácter exclusivo de las competencias que ejerce el Presidente de la República en virtud de la vigencia del Estado de Excepción, así como la urgencia en la ejecución de las medidas necesarias para superarlas, sin que existan contradicciones u obstrucciones indebidas entre los órganos del Poder Público, pues ello afectaría los derechos del pueblo venezolano”.
El TSJ detalló que el pasado 9 de junio, en una sentencia donde declaraba “inconstitucional” una de tantas leyes de la Asamblea Nacional, la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, “usurpaba” competencias atribuidas a Nicolás Maduro en materia de estados de excepción, así como en lo que atañe a la dirección de las relaciones exteriores.
“En la referida sentencia, la Sala verificó que Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud le confiere a la Asamblea Nacional competencias para formular, dirigir y ejecutar las relaciones internacionales de la República, al permitirle servir de intermediario receptor de la cooperación internacional, sin que ésta haya sido solicitada por el Ejecutivo Nacional, violando el artículo 236.4 del Texto Constitucional”, explicó el Supremo venezolano.
El fallo del tribunal, que tuvo como ponente a quien hasta hace poco era abiertamente dirigente chavista, Calixto Ortega, consideró que dicha ley pretendía “obligar” al Ejecutivo aceptar cooperación internacional, en medio de la aguda crisis humanitaria que sufre la nación.
El TSJ detalló que la ley sancionada por la Asamblea Nacional incurrió en una “inconstitucional cesión” de parte de la soberanía del Estado a organizaciones internacionales y países cooperantes.
De igual modo, añadió que los medicamentos que serían recibidos por Venezuela pudieran “estar en etapa de investigación” o serían fármacos “susceptibles de afectar la salud y de prohibida administración en seres humanos o productos que, pudiendo fabricarse en el país, su libre ingreso afecte a la industria farmacéutica nacional”.
SM