El secretario general nacional de Acción Democrática (AD) en resistencia, Henry Ramos Allup, cuestionó la integración de la comisión de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 que participa en el proceso de diálogo, al señalar que varias organizaciones opositoras de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) quedaron fuera de la delegación.
Durante una reunión con las estructuras municipales de AD en Yaracuy, en la que también participaron Piero Maroun y otros integrantes de la Dirección Nacional del partido, Ramos Allup señaló que la comisión no representa de manera íntegra a los sectores que conforman el espacio político opositor.
«Se instaló una comisión de la AN de 2015 no íntegramente representada porque de ocho partidos de la Plataforma (Unitaria Democrática) y los que estamos allí, solamente hay dos partidos representados. Faltamos una pila, entre ellos, Acción Democrática, Vente (Venezuela), María Corina (Machado), Biagio (Pilieri), Proyecto Venezuela, La Causa R y pare usted de contar», sostuvo.
El dirigente dijo que, pese a no estar «satisfechos con eso», no «jugarán al colapso de una comisión chucutamente constituida» y esperarán los resultados del proceso.
«Esa comisión se constituyó mal porque no integró a todas las organizaciones que debían integrarse. Solo dos partidos tienen todos los miembros, ¿dónde están los otros partidos? ¿Dónde está la gente de María Corina? Porque lo que acordamos en Panamá es que la representación la tuviéramos todos y la coordinación, aunque no presencial, la ejerciera María Corina Machado», enfatizó.
El expresidente de la Asamblea Nacional sostuvo que, al no haberse concretado ese esquema, no pueden respaldar el mecanismo adoptado.
«Y si eso no resultó así, sino asao, no podemos estar de acuerdo con ese mecanismo y lo tenemos que decir. Quien se arrecha, me rueda, a quien no le gusta me importa un carajo, pero tengo que decirlo», agregó.
Ramos Allup también abordó el papel que está desempeñando la comisión dentro del proceso de diálogo y advirtió que sus actuaciones podrían terminar prolongando al Gobierno encargado.
«Yo veo que esa comisión está haciendo cosas que, en primer lugar, mantienen o hacen que perduren en el tiempo el régimen de facto interino que preside la señora (Delcy Rodríguez). Es un régimen de facto porque el anterior era de facto (…), si aquel de hecho se robó las elecciones quien está ahorita es la sucesora. En consecuencia es agente principal, cómplice o cooperador del delito», afirmó.
En ese sentido, sostuvo que esa comisión podría terminar «complicando las cosas de la oposición».
«Yo creo que esa comisión, mal constituida desde el primer momento, por muy buenas intenciones que tenga, lo que va a hacer es complicar las cosas de la oposición», dijo.
Reiteró que la oposición apuesta por el «cese» del Gobierno interino y por la convocatoria de elecciones «directas, secretas y universales».
«Nosotros lo que queremos es que el régimen interino cese lo antes posible por el mecanismo que queremos que se implemente, que es la elección directa, secreta, universal, sin excluidos, sin inhabilitados, para que el pueblo venezolano elija al próximo presidente (…), y en eso vamos a seguir trabajando pase lo que pase», manifestó.
Finalmente, llamó a los dirigentes y sectores políticos a mantenerse atentos a los acontecimientos que se desarrollen en los próximos días.
«Por eso yo digo, amigos y compañeros, gente de todos los partidos, miembros o no de la plataforma, gente que está preocupada por Venezuela, que estemos muy atentos a los hechos que se están produciendo en los próximos días», concluyó.
Así está integrada la comisión opositora
La delegación técnica que representa a la AN electa en 2015 en las conversaciones con el Gobierno está encabezada por Dinorah Figuera e integrada por Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.
Como comisión de apoyo fueron designados Macario González, Julio César Moreno, Desiree Barboza y Elimar Díaz.
Sus integrantes provienen de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular.
Por su parte, la delegación del Gobierno está coordinada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y conformada por Ana María Sanjuán, Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante.
Acuerdos del primer ciclo
El Gobierno y los representantes de la AN electa en 2015 culminaron el pasado 12 de agosto la primera etapa del proceso de conversaciones con dos acuerdos principales: fortalecer la atención a los afectados por el doble terremoto del 24 de junio y avanzar en la transformación del sistema de justicia.
En materia de atención a la emergencia causada por el doblete sísmico, las delegaciones acordaron trabajar en el «fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros».
Como parte de este acuerdo, ambas partes anunciaron que concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra.
El comunicado, publicado en aquel entonces, establece que este proceso contará con «mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría» que permitan garantizar el uso eficiente de los recursos «para garantizar el bienestar de todos los afectados».
El segundo acuerdo contempla el inicio de un proceso destinado a transformar el sistema de justicia.
Entre las medidas planteadas se encuentra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de otras normas relacionadas con el sistema judicial.
Asimismo, las partes acordaron renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, activar un nuevo proceso para la postulación para la designación de «todos los magistrados del TSJ» y conformar un consejo encargado de revisar las credenciales y requisitos de los aspirantes.
«El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso», concluyeron.
Derechos políticos y civiles
Por otra parte, Figuera adelantó recientemente que los «derechos políticos y civiles» serán abordados en septiembre como parte de las conversaciones.
Durante una conferencia organizada por la Vicepresidencia de Formación de Primero Justicia, la dirigente opositora calificó las garantías políticas como un asunto de «vital importancia» y afirmó que existe «mucho que discutir» en los próximos encuentros.
Figuera vinculó este tema con la reforma del TSJ.
La dirigente señaló además que las garantías políticas incluyen el restablecimiento de las tarjetas y siglas de organizaciones políticas que han sido inhabilitadas o que enfrentan procesos administrativos que, según afirmó, «bloquean la institucionalidad de los partidos».
Esta propuesta, según la opositora, también abarca la restitución de los derechos de participar en procesos electorales de actores que, de acuerdo con su declaración, han sido «criminalizados, perseguidos, exiliados» o a quienes se les ha vulnerado ese derecho.