El Procurador del estado Miranda, Yahir Muñoz, ofreció pormenores de las acusaciones que fueron consígnadas formalmente contra Henrique Capriles Radonski. por las irregularidades durante su dirección como gobernador del estado Miranda.
En esta línea, el también abogado explicó que efectuaron de manera oficial una denuncia ante el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intt) “sobre un cementerio de vehículos en Los Teques, propiedad de la Gobernación de Miranda en el que hay desvalijos más de 650 carros: vehículos de la policía, jeep, patrullas, de los bomberos, camiones cisternas, ambulancias de Protección Civil; todo esto ante la mirada cómplice de Capriles”.
Agregó que estos carros empezaron a ser desvalijados, “ya que el dueño de este estacionamiento tiene una chivera y exhibe las piezas y partes de esos automóviles, para la venta, alegando que no le han cancelado nada por sus servicios”.
Informó de otra averiguación que se lleva a cabo respecto a un cementerio de autos que se encuentra ubicado en Caucagua, cerca de La Encrucijada.
Enfatizó: “Como abogados y protectores hacemos las denuncias competentes, ya el Ministerio Público ha avanzado bastante en estos trabajos, expertos se han trasladados a estos lugares, ya hay experticias, nosotros hemos querido mostrarle esto al pueblo para decirles que el diálogo no es impunidad, que no pretenda la derecha venezolana ni Capriles, aquí nadie está preso por cómo piensa sino por cómo actúa”.
Detalló que Capriles Randoski, el exprocurador del estado Miranda, Alejandro Otero, el director de Transporte, la Dirección de Salud, la Directora de Recursos Humanos, Director de Comunicaciones, conforman la lista de los investigados de forma individua por el Ministerio Público, ente que se encargará de establecer la responsabilidad por sus actos ilícitos.
Asimismo mencionó a apoderados judiciales como Juan Manuel Fernández, Alejandro Galloti, Carlos Omar Gil, Luz Marina Sabaneta, quien a su juicio “son unos inmorales y negligentes que dejaron al estado Miranda, en un estado de desastre, somos condenados a pagar por perder las causas; la mayoría de estos están fuera del país, les hemos solicitado la privativa de libertad, alerta roja para que vengan a rendir cuentas”.
El actual procurador aseveró que el 60% de los funcionarios de la administración de Capriles se encontraban inhabilitados. “Tengo conocimientos y evidencias, elementos de convicción ya presentados ante el MP, de más de 1000 personas en una nómina paralela, que cobraban sin trabajar, pertenecientes al extinto Primero Justicia”, manifestó, reseña LaIguana.TV