La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó la “persecución judicial” contra la abogada María Alejandra Díaz, luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le multara y suspendiera de sus funciones tras introducir un amparo para que se publiquen los resultados desglosados del 28 de julio.
En su cuenta de X, la coalición denunció que las instituciones del Estado, “una vez más”, se usan para “perseguir y castigar”.
“Desde la Plataforma Unitaria Democrática rechazamos una vez más el uso de las instituciones del Estado para perseguir y castigar a quienes acuden a ellas en el legítimo ejercicio del derecho a la justicia”, dijo la PUD.
El ejemplo, señalan, fue el caso de Díaz. Dicen que el TSJ, de manera “arbitraria” por ejercer su profesión, le impuso una multa. También la suspensión del ejercicio profesional “por el solo hecho de exigir la publicación de los resultados electorales del pasado 28 de julio”.
“Esta persecución judicial no cambiará la verdad de lo ocurrido el 28, por el contrario, deja aún más al descubierto el fraude cometido y la pretensión de violar la soberanía popular”, expresó la oposición.
Amparo «inadmisible»
El martes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró como inadmisible el recurso de amparo presentado contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la publicación de los resultados desglosados de las elecciones del 28 de julio pasado.
El TSJ impuso una multa a María Alejandra Díaz, quien presentó la solicitud. Calificó su actuación como «temeraria» y decidió imponerle una multa equivalente a cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda más fuerte, como lo establece el Banco Central de Venezuela.
Asimismo, el tribunal ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados donde está inscrita la abogada que inicie un procedimiento disciplinario en su contra, teniendo en cuenta los serios señalamientos que caracterizan la acción presentada.
Finalmente, el TSJ informó que la abogada María Alejandra Díaz Marín fue suspendida temporalmente del ejercicio profesional hasta que se inicie y complete el proceso disciplinario. Esta suspensión se fundamenta en la valoración de que sus «acciones han puesto en tela de juicio la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, generando «zozobra y conmoción en la población».