El Grupo de Boston, una organización integrada por diputados y ex diputados de ambos sectores en los que se divide el espectro político venezolano desde hace 20 años, solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Especial que autorice un préstamo excepcional con fines humanitarios de 350 millones de dólares, ya acordado con la Corporación Andina de Fomento, para resolver los problemas prioritarios del sector eléctrico.
En concreto, el plan, que sería ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), prevé la activación de 1.071 megavatios actualmente no disponibles, con énfasis en los estados Zulia, Nueva Esparta -sin duda, los más golpeados por la crisis de servicio eléctrico-, así como la región andina y Caracas.
Adicionalmente, el proyecto prevé la dotación de plantas eléctricas nuevas para hospitales tipo I y otros centros de salud de alta demanda, junto con la rehabilitación de circuitos y servicios auxiliares de las subestaciones que sirven a los centros asistenciales seleccionados.
Más de 50% de préstamo humanitario se destinaría a recuperar el suministro eléctrico en el Zulia, con una inversión de 231,5 millones de dólares para restablecer 390 megavatios y analizar la posibilidad de habilitar una barcaza para estabilizar sostenidamente el suministro. En la región andina se recuperarían 480 megavatios; en Caracas, 210 MW y en Nueva Esparta, 126 MW. El programa tiene, además, un componente de asistencia técnica.
El Grupo de Boston sostiene en la carta de solicitud enviada al parlamento que esta operación ha sido debatida con representantes del oficialismo y la oposición y, además de proponer que la gestión directa quede a cargo de diversas oficinas del Pnud, plantea que el plan sea dirigido y supervisado por representantes de ambas tendencias políticas, e incluya contraloría social directa.