De acuerdo a un comunicado emitido por las redes sociales del autoproclamado “gobierno interino”, se desprende que el nuevo monto que inyectarán a este bufete asciende a 3 millones 720 mil 680 dólares “para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales”.
Este monto se suma a los 17,7 millones “aprobados” el 12 enero de 2021, los cuales fueron según Guaidó fueron destinados al pago “de deudas sostenidas con las firmas de abogados” y a los 8,8 millones que los designados por Guaidó como “representantes” como del BCV y Pdvsa deberían cancelar para el pago “por honorarios profesionales y gastos legales” de estos.
Con estos desembolsos Guaidó suma más de 30 millones de dólares dirigidos al pago de bufetes que llevan a cabo las pugnas judiciales para robar los activos venezolanos a la República, utilizando para ello la fachada de un “gobierno” que no ejerce funciones de dirección en el Ejecutivo venezolano y no posee control territorial alguno.
Este monto para el pago de abogados es el mismo que por varios meses se negó a facilitar para que Venezuela pudiera optar en su ingreso al mecanismo de acceso a vacunas de la Organización de Naciones Unidas, el Covax.
Toda estas acciones la emprenden a través de una comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 10 % del pleno, integrada por miembros de la anterior AN y de la que se desmarcaron varios exdiputados.
Esa comisión es la que ha aprobado el acuerdo, que también autoriza al BCV de Guaidó a usar los recursos propios disponibles en cuentas bancarias en el extranjero para ampliar el fondo de litigación.
Actualmente, la Justicia británica dirime si la Administración del presidente Nicolás Maduro o la ad hoc de Guaidó tienen acceso al oro que Venezuela tiene depositado en el Banco de Inglaterra.
En noviembre pasado, los opositores presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo para anular el dictamen emitido el pasado 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones londinense.
Este tribunal anuló un fallo del 2 de julio del hoy jubilado juez Nigel Teare, al que sustituye Sara Cockerill, que otorgaba a la junta ad hoc de Guaidó el control sobre los 31 lingotes de oro, valorados en unos 1.300 millones de dólares.