Un nuevo estudio del director de Petróleo por Venezuela, Francisco Rodríguez, en conjunto con Giancarlo Bravo, investigador de la organización, y David Rosnick, investigador del Centro para la Investigación de las Políticas Económicas (Centre for Economic Policy Research, CEPR) pone en duda las recientes afirmaciones de que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos no contribuyen al aumento de la migración venezolana hacia ese país.
El artículo, titulado ¿El alivio de sanciones impulsó la migración venezolana a Estados Unidos? Una reevaluación de los resultados de Bahar y Hausmann, examina detalladamente el análisis reciente de Dany Bahar y Ricardo Hausmann, publicado por el Centro para el Desarrollo Global (Center for Global Development, CGD). Bahar y Hausmann argumentan que mayores ingresos petroleros en Venezuela —que interpretan como un proxy del alivio de sanciones— se correlacionan con un aumento de la migración hacia Estados Unidos, sugiriendo que las sanciones podrían, en realidad, reducirla.
El informe del CEPR concluye que este sorprendente resultado se debe a un error de codificación. El estudio original utilizó un operador de duodécima diferencia —una transformación inusual y no justificada de los datos— que distorsiona la relación estadística entre sanciones y migración e introduce ruido errático. Cuando los datos se procesan correctamente usando diferencias interanuales, el efecto reportado desaparece.
Pero el problema va más allá de un simple error de codificación. La investigación de Rodríguez y coautores también demuestra que el análisis original de Bahar y Hausmann omite una variable clave: las condiciones del mercado laboral estadounidense, que mejoraron significativamente durante el período de estudio y están fuertemente correlacionadas con los precios globales del petróleo. Los autores argumentan que lo que parece ser un efecto causal de los ingresos petroleros venezolanos es, en realidad, una correlación espuria que refleja la influencia de factores de demanda en Estados Unidos sobre los flujos migratorios.
“La afirmación de que las sanciones reducen la migración se hace sobre una base muy endeble,” señaló Francisco Rodríguez, uno de los autores del informe. “No solo las conclusiones derivan de un error de codificación, sino que el análisis ignora el factor más evidente detrás del aumento de la migración venezolana hacia EE. UU.: la recuperación del mercado laboral estadounidense. Esa omisión vuelve sus conclusiones poco confiables y profundamente engañosas.”
Los autores de la investigación advierten que el debate público sobre migración y política de sanciones debe estar sustentado en evidencia empírica robusta. Señalan que el conjunto de datos utilizado por Bahar y Hausmann —48 observaciones mensuales de encuentros de venezolanos en la frontera suroeste de Estados Unidos— es demasiado limitado como para sustentar conclusiones sobre los efectos de las sanciones. Además, citan investigaciones publicadas en revistas arbitradas que han demostrado que las sanciones deterioran significativamente las condiciones de vida en los países objetivo y son un factor clave en la migración desde estos países.
También advierten que basarse en argumentos empíricos defectuosos o estrechamente planteados puede ocultar estas realidades más amplias y conducir a políticas mal orientadas.
“Existe un reconocimiento cada vez mayor de que las sanciones económicas contribuyen a impulsar la migración,” afirmó David Rosnick, coautor del informe. “Estas sanciones suelen estar diseñadas para castigar las economías de los países objetivo. Más sufrimiento económico —más dificultades para conseguir alimentos, medicinas y otros bienes esenciales para las familias— significa más personas abandonando sus países. Los estudios defectuosos no cambiarán esa realidad.”