El abogado Pablo Verdú, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, explica los avances de la novísima Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, publicada en Gaceta Oficial 6.651 de fecha 22 de septiembre del año 2021.
El procesalista señaló que la nueva Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, presenta avances de gran importancia para la protección, respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales a la libertad y seguridad personal a través de la acción de amparo constitucional.
Indicó que la Acción de Amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión emanado de los órganos o entes del Poder Público, bien sea del Poder Publico Nacional, Estadal o Municipal que causen una amenaza grave e inminente o una violación, privación o restricción a la libertad y seguridad personal de los ciudadanos. En relación a esto, explica que cualquier persona puede ejercerla, siendo esto una novedad de dicha Ley ya que las Organizaciones de defensa de los derechos humanos pueden presentarla, sin ser la persona agraviada directamente.
Agregó Verdú que con la reciente ley nace la creación de tribunales especializados en materia de amparo a la libertad y seguridad personal en cada Circunscripción Judicial. Como en efecto ya fueron creados su competencia territorial estará determinada por dos circunstancias, primero por el lugar donde ocurra el hecho, acto u omisión que da lugar la acción y segundo por la jerarquía del órgano que presuntamente causo el daño. Es importante señalar que en los lugares donde no funcionen estos Tribunales Especializados, el Amparo podrá ser presentado ante cualquier Juez de la entidad y este remitirlo al Tribunal Especializado en la materia más cercano.
Finalmente el abogado especialista destacó que lo más importante que trae esta nueva Ley es el establecimiento de un procedimiento expedito que garantiza la efectiva materialización de acciones tendientes a restituir la libertad
y la seguridad de la persona agraviada, mediante un trabajo articulado entre los diferentes organismos de la República, con la puesta en marcha de estos tribunales especializados se consagra la garantía que brinda el estado de los derechos constitucionales de los ciudadanos.