La diputada Delsa Solórzano y el abogado constitucionalista José Vicente Haro rechazaron la designación de Mikel Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Para la parlamentaria un nombramiento como ese solo puede ocurrir en un régimen como el de Nicolás Maduro, “donde la justicia es una burla”, mientras que para Haro pone en evidencia que en el país se premia la impunidad.
La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional insistió en “que la designación de Moreno en un cargo de tan alta investidura solo ratifica lo que piensa Nicolás Maduro de la justicia, cómo la interpreta y cómo además pretende que siga funcionando un organismo que debería ser uno de los más importantes, más aún cuando Venezuela es lamentablemente el país más violento del mundo”.
En declaraciones al equipo de Prensa Unidad Venezuela, agregó que “Moreno no solo tiene una vida criminal anterior, que en teoría debería impedir que ocupara un cargo como ese, sino que ha seguido delinquiendo a lo largo de los años al violar derechos humanos. Mikel Moreno es el verdugo de varios presos políticos y eso hace que este señor sea contumaz en su conducta, es decir, nunca ha dejado de ser un delincuente”, manifestó.
Solórzano aseguró que además “ocupa ilegalmente un cargo que no le corresponde, porque según recordó el actual TSJ es ilegal. Así que además de ser violador de derechos humanos, de los antecedentes penales que tiene, hoy está cometiendo usurpación de funciones, porque la designación de esos magistrados es ilegal”, aseguró.
Nefasto legado
Por su parte, Haro consideró importante “destacar el legado de Gladys Gutiérrez como presidenta del TSJ”. En este sentido, afirmó que “ella transformó en perjuicio de la democracia, de la institucionalidad del poder judicial y de la Constitución la justicia constitucional en una justicia socialista”.
Por ello, cree que Gutiérrez es “la funcionaria que más daño le ha hecho a la institucionalidad del país. Basó su argumento en cuatro puntos: hizo reiterada referencia en la jurisprudencia de la sala constitucional al plan de la patria, se encargó de consolidar los excesos, la arbitrariedad interpretativa de la sala constitucional, es decir, consolidó la tesis infundada de que la Sala Constitucional puede modificar normas de la Carta Magna, y se va dejando un poder judicial totalmente al servicio del régimen, porque entre otras cosas se aseguró de nombrar jueces comprometidos con la revolución. “Ese ha sido el lamentable legado de Gladys Gutiérrez”, dijo.
Agregó además que “fue prácticamente la creadora de la jurisprudencia del desacato que le fue aplicada a Enzo Scarano, a Daniel Ceballos y que se pretende usar contra la Asamblea Nacional para desconocerla y perseguir a los diputados. “Deja un TSJ donde le da privilegio sobre la Constitución a los decretos de Estado de Excepción. Gladys Gutiérrez se encargó de transformar en perjuicio de la democracia la justicia constitucional en una justicia revolucionaria”, reiteró.
Sobre la designación de Moreno dijo que seguramente ejecutará “a rajatabla el decreto de Maduro sobre la Misión Justicia Socialista y la doctrina de la justicia al servicio de la revolución”.
A su juicio, es la garantía política de la continuidad del trabajo de Gutiérrez. Le preocupa que con Moreno al frente del máximo tribunal del país se acentúe la persecución política. “Sabe cómo perseguir a la disidencia y montar expedientes”, manifestó.
Asimismo, consideró que con el nombramiento de personas que no cumplen con los requisitos para ser magistrados y muchos menos presidente del TSJ se deja claro que la justicia ha llegado a un nivel tan bajo que “aquellos que fueron procesados por delitos ahora son quienes presiden la justicia, y eso habla de que por lo menos tenemos una justicia que premia la impunidad, la delincuencia y el delito y no tiene como último objetivo cumplir y hacer cumplir las leyes”.