Han pasado ocho meses desde que se detuvieron las actividades ganaderas en la finca San Joaquín de Navay, ubicada en el estado Táchira, luego de haber mantenido la producción durante aproximadamente 50 años.
En marzo del año 2018 un grupo de personas ingresó a los terrenos con el argumento de apropiarse de la finca debido a que, presuntamente, esta no generaba recursos. Desde entonces, los sujetos comenzaron a implementar restricciones a los trabajadores del lugar hasta impedirles la entrada.
La situación fue denunciada por un productor agropecuario de la propiedad que prefirió el anonimato, quien aseguró a El Nacional Web que en la finca habían 1.664 reses al momento de su desalojo.
“No pueden decir que no era una finca productiva”, expresó al tiempo que comentó que 60% de los terrenos estaban destinados a la cría de ganado y 40% a la ceba.
Explicó que las reses fueron hacinadas en un potrero que no cuenta con suficiente capacidad, lo que ha provocado la muerte de varios animales. Además, señaló que los invasores les dijeron que las crías que nacieron durante los últimos ocho meses les pertenecen. “Es una anarquía total y completa como si no hubiese leyes”, manifestó.
También criticó que los sujetos robaron los techos de los galpones y las líneas de los potreros.
La dificultad para poder tener acceso a la finca San Joaquín les impide sacar el ganado del lugar y verificar la cantidad de personas que invadieron sus terrenos. Sin embargo, estiman que solo 15% de aproximadamente 100 ranchos en el lugar están ocupados.
“Me dijeron que había más de 100 ranchos, que son de cuatro palos y un techito. Algunos techos son de lona, pero alguien les llevó dos camiones de bloques para que hicieran mejores ranchos”, dijo el trabajador.
Acciones legales
Desde el primer día cuando comenzaron a llegar los invasores, los representantes de la finca comenzaron a acudir a diversos organismos para detener la situación. A pesar de ello, el productor agropecuario aseguró que no han obtenido una respuesta oportuna por el caso.
Una de las instituciones con las que se pusieron en contacto fue el Instituto Nacional de Tierras (INTI). “Ellos al final se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘lo que nosotros podíamos hacer ya lo hicimos. Tú tienes tu carta agraria y nosotros dijimos que esa finca es productiva de ahí en adelante tú tienes que hacer lo que puedas por otro lado’”, explicó.
De igual forma, la situación fue denunciada ante la Fiscalía de San Cristóbal, donde obtuvieron una orden para que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizara una inspección.
“La GNB llegó, hablaron con ellos, les dijeron que se tenían que ir de allí y hasta ahí llego la acción de ellos. No hicieron más nada”, comentó.
En una ocasión lograron recuperar varios caballos con el apoyo de una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la Policía Nacional Bolivariana, pero los sujetos les volvieron a quitar los animales.
Aunque actualmente no trabajan en la finca, los responsables de la propiedad aún les pagan a los trabajadores del lugar. “Le pagamos para mantenerlos con nosotros”, resaltó.
Consideró que la paralización de las actividades afectará la producción nacional.
Pese a las dificultades y a las amenazas que confrontan, el productor agropecuario no pierde la esperanza de recuperar algún día la finca San Joaquín, que por más de 50 años contribuyó con la producción del país.
“Sé que es un camino duro y es difícil volverla a recuperar o que el gobierno llegue a hacer algo”, lamentó.