Nuestra posición sigue firme en la defensa de la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio, siempre dentro del cauce democrático y constitucional.
La sentencia de la Sala Electoral del TSJ profundiza la incertidumbre y la desconfianza de las mayorías en el manejo de la controversia electoral, mientras se agrava la crisis institucional, económica y social del país.
Hemos sido categóricos en exigir que se dilucide el conflicto, tal como indica el reglamento vigente, y que se publiquen las actas.
Agradecemos el respaldo dentro y fuera del país a esta indeclinable posición.