En medio de su gira continental para exponer la crisis en Venezuela, el diputado de la Unidad Democrática Williams Dávila contó al portal Infobae cuáles son los mecanismos democráticos que el bloque contrario al chavismo analiza para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
«Maduro tiene pensado disolver la Asamblea Nacional», denunció el político tras su paso por Brasil.
«Tuvimos una exposición muy detallada sobre la violación de los derechos humanos», narró Dávila, quien se mostró agradecido por el apoyo recibido en la nación más grande de la región. También contó que estará en Chile y Uruguay entre el 7 y el 10 de marzo con el objetivo de alertar sobre la crisis que atraviesa el país petrolero.
-¿Cómo fue recibido el mensaje de ustedes en el Congreso de Brasil? ¿Los legisladores brasileños prometieron algún tipo de ayuda?
-Hubo receptividad dado que la crisis de Venezuela puede tener efectos desestabilizadores en América del Sur hasta el punto que un grupo parlamentario de los diputados visitará Venezuela prontamente y la Comisión de Política Exterior aprobó la resolución en defensa de la Ley de Amnistía y el apoyo a la lucha por la libertad de los presos políticos.
Entre otras cosas, también ofrecieron cooperar e intercambiar información relacionada con los casos de Odebrecht, JBS e Hypermarcas. Es importante señalar que personajes vinculados con Luiz Inácio Lula de Silva y Dilma Rousseff, así como con la campaña de Hugo Chávez, están siendo investigados por financiamiento ilícito a las campañas electorales de estos presidentes. Casos como los de Joao Santana y José Dirceu, que están presos, sirvieron de articuladores a estas operaciones fraudulentas de carácter financiero electoral.
El anterior presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, en junio de 2015 estuvo en Brasil por cuatro días y la visita no fue un secreto. Estuvo acompañado por otros funcionarios y se reunió con Lula y Dilma, pero también con el multimillonario Joesley Batista.
Para nadie es un secreto el increíble contrato de Batista y su empresa JBS con el gobierno venezolano. Tiene un contrato de USD 2.1 mil millones y proporciona casi la mitad de la carne y una cuarta parte del pollo que se consume en Venezuela.
La factura de 2014 fue de 1.2 mil millones de dólares en alimentos al gobierno venezolano y recibió sus pagos dentro de los 90 días, de acuerdo con documentos preparados conjuntamente por la empresa y el gobierno a través de Corpovex.
Por el contrario, las empresas locales y extranjeras en Venezuela no han sido capaces de obtener los dólares racionados del gobierno en años. Estamos hablando de 28.000 millones de dólares en facturas pendientes de pago. JBS fue el mayor donante de dinero al Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff.
Con Odebrecht, el gobierno venezolano tiene obras como el metro de Caracas, el tendido de un puente de 11.4 kilómetros sobre el lago de Maracaibo y parte del desarrollo de la represa del Tocoma y se dice que estuvo vinculado al financiamiento electoral de la campaña del presidente Chávez.
Lo cierto es que advertimos la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro disuelva la Asamblea Nacional y, por eso, es muy importante esta relación con los parlamentos del mundo y comenzamos nuestra visita por el Brasil dado la importancia estratégica para fortalecer la integración de América del Sur, pero lo más importante, la promoción de la democracia.
Los legisladores prometieron apoyar la libertad de los presos políticos y la conformación del grupo de amistad parlamentaria Brasil-Venezuela para estrechar lazos de cooperación legislativa.
-Tengo entendido que detallaron cuatro puntos para lograr la salida de Maduro: la renuncia, el juicio político, el referendo revocatorio y la enmienda constitucional. ¿Puede explicarlos brevemente?
-Son mecanismos políticos constitucionales que permiten darle una salida política, pacífica, democrática, electiva y constitucional a la crisis política, económica y social que padecemos.
El régimen desconoce la soberanía popular expresada el pasado 6 de diciembre en los comicios legislativos y, por medio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desarrolla una jurisdicción normativa para cercenar la soberanía popular por medio de restricciones a las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
Esto lo hace hasta el punto que el TSJ se mete a modificar el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que es la norma que rige el funcionamiento de la misma. El TSJ es designado por la AN y, pese a ser un poder derivado a través de la Sala constitucional, se extralimita e invade atribuciones de otro poder violando el principio de la separación de poderes.
Esta decisión del TSJ no sólo ocasiona graves daños al Estado de Derecho sino que lo destruye. Es la perversión política de la justicia para favorecer al régimen de Maduro y la única forma de resolver este neototalitarismo que se está implantando es recurrir al pueblo para que decida.
Todavía estamos a tiempo de lograrlo porque el presagio que me invade es que el régimen cada día va cerrando los caminos simplemente para imponer un dictadura militar-civil.
SN