El presidente venezolano expropia un gran centro de distribución
Nada desvía al presidente Nicolás Maduro de su empeño por convertir a Venezuela en un remedo de los países comunistas de la Guerra Fría. Su Gobierno decidió el pasado miércoles tomar un terreno en La Yaguara, una zona industrial de Caracas, para construir viviendas populares. El espacio sirve de centro de distribución de las empresas Pepsi Cola de Venezuela, Cargill y Alimentos Polar.
La mañana del jueves los consejos comunales, organizaciones de base del chavismo, celebraban la decisión. Los empleados de las compañías afectadas protestaban antes de que la Guardia Nacional tomara las instalaciones. “Trabajo sí, expropiación no”, gritaban como consigna. El pasado 26 de marzo Maduro se había comprometido con la comunidad de Antímano, de tradición chavista, a construir viviendas para 140 familias, recordó el opositor diario El Nacional.
El noble propósito del chavismo de intentar saldar la deuda social y destinar los mejores terrenos de la capital venezolana para la gente está colisionando con la urgencia de garantizar el despacho de productos básicos en la peor crisis de abastecimiento de los últimos tiempos. La decisión manda una pésima señal a las empresas que aún producen en Venezuela y revive al monstruo de las expropiaciones por utilidad pública, un recurso muy utilizado por Hugo Chávez, pero al que casi nunca ha apelado el Gobierno de Maduro.
Empresas Polar, principal productor de insumos de la canasta básica, emitió un comunicado en el que denuncia que el despacho de los productos de sus filiales Pepsi Cola y Alimentos Polar se ha interrumpido. Desde ese centro de distribución salían cada mes 12.000 toneladas de alimentos y seis millones de litros de bebidas a 19 municipios del área metropolitana de Caracas y los vecinos Estados de Vargas y Miranda. También hay riesgo de pérdida de empleos en un país con un alto índice de emprendimiento y con pocas plazas vacantes por la falta de inversión privada. La compañía asegura que la situación afecta a 477 trabajadores de Pepsi Cola Venezuela y 138 de Alimentos Polar, y que la operación del centro de distribución genera 1.400 empleos indirectos. Cargill, que produce aceites, harinas y pastas, emplea a unas 170 personas.
La decisión revela hasta qué punto Maduro está dispuesto a llegar para concretar el proyecto de país que dejó escrito Chávez: una intervención del Estado en todos los órdenes de la vida nacional y un modelo económico que pone obstáculos de toda clase al empresariado. Los economistas relacionados con la oposición han advertido de la imposibilidad de suplir con importaciones oficiales todo lo que el sector privado producía o traía desde el exterior. Según ellos, el régimen se niega a tomar medidas que reanimen el aparato productivo y detengan el camino hacia la hiperinflación. El 6 de diciembre, fecha prevista para las elecciones parlamentarias, tienen el reto de mantener el control del Poder Legislativo.
Alfredo Meza/El País