La magistrada Susana Barreiros encabezó varios juicios contra banqueros y empresarios chavistas. Detenidos tras ser acusados de corrupción, a todos les concedió libertad bajo régimen de presentación
Susana Barrerios, la jueza que condenó al opositor venezolano Leopoldo López, es conocida por haber presidido varios juicios contra banqueros y empresarios chavistas.
La magistrada influyó en los juicios contra el banquero Arné Chacón, hermano del ex ministro Jesse Chacón, y también intervino en el dictamen contra el empresario chavista Luis Velásquez, alias «Rey de la cabilla», según reseñó el portal digital Poderopedia.
A todos les fue concedida libertad bajo régimen de presentación, sin embargo, la sentencia contra el líder de Voluntad Popular fue de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas por instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio a la sede del Ministerio Público.
El currículum de Barreiros está lleno de polémicas. El primer caso fue en diciembre de 2009, cuando fue apresado el oficial retirado de la Armada y banquero Arné Chacón por los cargos de «aprobación indebida de créditos» y «aprovechamiento fraudulento de fondos públicos» durante su gestión como directivo en las entidades bancarias Baninvest, Central y Real.
Arné Chacón es hermano de Jesse Chacón, quien fue ministro de Hugo Chávez entre 2003 y 2009 y luego ministro de Enérgia Eléctrica en la gestión de Nicolás Maduro, hasta ser destituido el 3 de agosto pasado.
La detención del banquero motivó la renuncia de su hermano del gabinete ejecutivo en 2009. El banquero permaneció tras las rejas casi tres años hasta que en diciembre de 2012 fue liberado. Barreiros le otorgó libertad condicional, con régimen de presentación y prohibición para salir del país.
En 2011, Velásquez fue imputado por los cargos de peculado doloso, concertación con contratista, malversación y asociación para delinquir. Dos años más tarde fue dejado en libertad, aunque según la Contraloría no pudo justificar el movimiento de altas sumas de dinero en sus cuentas.
Según consta en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia del 6 de agosto de ese mismo 2013, la jueza se vio obligada a dejar de continuar el caso contra el ciudadano Eiker Delgado Veliz, acusado de homicidio, por haber manifestado su opinión sobre los hechos durante la audiencia preliminar.