William Gil, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, advirtió que quienes intenten lucrarse con los servicios esenciales en Venezuela sufrirán el peso de la ley.
Así, quien desde el Estado «esté vendiendo en dólares, sacando provecho, no es un revolucionario. Y si hay una industria privada que esté violando la ley, tiene que ser castigada porque nadie está por encima de la ley», dijo Gil en una conversación sostenida con el periodista Michel Caballero en su espacio Las Reglas del Juego.
El diputado destacó que el parlamento tiene una función contralora, razón por la cual desde la comisión que preside se están articulando esfuerzos para que las personas afectadas por abusos y estafas relacionadas con los servicios esenciales –públicos o privados– puedan denunciar y para que los organismos encargados de administrar justicia puedan actuar en consecuencia.
Informó, asimismo, que la Comisión Permanente de Administración y Servicios habilitó una página web para denuncias y si bien se solicitan los datos del denunciante, estos se resguardan para evitar represalias.
«Nosotros estamos abriendo las puertas de la Asamblea Nacional para que la gente denuncie y nosotros llegar hasta las últimas consecuencias», destacó.
De otra parte, el diputado explicó que el Estado está actuando en tres frentes para mejorar los servicios: el financiamiento de nuevos proyectos, la administración eficiente de los recursos ya existentes y, conforme se aprecien los avances, el cobro de tarifas justas a los usuarios, para prestar «servicios de calidad (…) sin afectar a la población».
A este respecto, descartó que el Ejecutivo barajara un incremento desmedido en las tarifas residenciales. «Para nada están previstos los paquetazos de cargarle todo al pueblo», dijo.
Según explicó, la propuesta es que pagará «lo justo» aquella persona que «tenga un consumo por encima del promedio» en cualquiera de los servicios esenciales –agua, electricidad, gas, etcétera–, siempre que no se trate de tarifas residenciales.
La oferta gubernamental aún no tiene fecha precisa de implementación y, de acuerdo con Gil, será debatida en el parlamento.
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