La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, conversó con el periodista Vladimir Villegas sobre las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Constituyente.
«Estoy perfectamente facultada para pedir aclaratoria al Tribunal Supremo sobre la Constituyente porque no está claro. La Constitución Nacional fue producto de un amplio debate. En esa oportunidad se le preguntó al pueblo si quería o no esa Constituyente», dijo Ortega, quien se ha pronunciado contra la Constituyente propuesta por Nicolás Maduro.
El programa fue interrumpido por una cadena de radio y televisión.
La fiscal afirmó que «hay un retroceso en los derechos humanos» y que la Constitución establece que «hay que consultarle al pueblo venezolano si quiere una Constituyente y no minimizar la participación popular».
«Pedí al TSJ que se aclarara si la soberanía reside en el pueblo, la soberanía es intransferible, según el artículo 5 de la Constitución. Estamos violentando la progresividad del derecho, no puede haber un retroceso», declaró Ortega.
«Yo tengo una responsabilidad con el país, mi preocupación es el bienestar del país y la colectividad. Tengo que preocuparme por la investigación penal. Que se sancionen a los responsables de violaciones de derechos humanos», expresó.
«No se va a condenar a alguien por razones políticas, sino porque sea responsable de un evento», ratificó. «Será condenado porque las pruebas así lo indiquen, no parcialidad política», declaró.
«63 personas fallecidas, 19 de ellos son investigadas por derechos humanos, dos por asfixia y 8 electrocutados, tenemos 1.181 lesionados», explicó. «Tenemos hasta ahora 422 personas privadas de libertad», enumeró.
«El muchacho quemado en Altamira está muy delicado. Ya tenemos identificados a los involucrados. El fiscal solicitó al hospital que hicieran tratamientos porque puede perder la vida. Investigamos el casod el niño faricador de bombas molotov. Hay ocho personas privadas de libertad por el caso del guardia nacional linchado», dijo la fiscal.
«Tenemos 3.390 investigaciones en estos 62 días. Por los daños a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, tenemos a personas privadas de libertad. Que me preguntes por cuál caso quieren saber. Es irresponsable hacer esas afirmaciones de impunidad sin mostrar. Muestra los casos que no se está haciendo nada y yo responderé», afirmó.
«Al lado mío está un pueblo que siempre ha recibido respuesta, que no se le ha irrespetado, que no se le ha tratado con odio e intolerancia. Se ha evitado descalificaciones o maltratos. Todo ese pueblo que ha sido respetado por supuesto que debe estar al lado mío», señaló.
«En el Tribunal Supremo de Justicia está circulando una decisión para quitarle la titularidad de la acción penal al Ministerio Público», afirmó. «No existe una forma constitucional válida para pasar a un proceso distinto, habría que cambiar la Constitución».
«La gente espera que el Tribunal Supremo de Justicia garantice el respeto a la Constitución, que no se preste para fraudes a la Constitución. Espero que se rectifique y se piense en el país», agregó.
«Estos cargos son circunstanciales, el día que yo tenga que salir del Ministerio Público, saldré como corresponde. Todos los que tienen cargos públicos deberían tener esa posición, porque estos cargos no son hereditarios», subrayó.
«En el Cicpc hay gente calificada en investigación criminal, me atrevo a asegurar que es una de las mejores policías de la región. En muchos de estos casos nos han ayudado y han practicado las experticias. la Guardia Nacional nos ha prestado la debida colaboración. Esa es al colaboración que debe existir entre los poderes», sostuvo.
«Hay 19 funcionarios que no han sido puestos a las órdenes del Ministerio Público», declaró.
«El Ministerio Público nunca ha hablado de perno», dijo, con respecto al caso de Juan Pernalete. «Cuandpo salió la titular de la acción penal a pronunciarse, comenzó la descalificación. Las instituciones confunden los roles, muchos quieren ejercer la acción penal y asumen vocerías. Eso crea dispersiones. Cada uno debe concentrarse en las funciones que le corresponde para que haga seguridad jurídica».
Ortega apuntó que «son inconstitucionales, las detenciones aritrarias, el uso de armas de fuego y la modificación de municiones para aumentar la letalidad. Estamos investigando si usaron metras, tuercas, para disparar en las manifestaciones».
«El Estado tiene un manual de acción de control de manifestaciones. Funcionarios de la Guardia Nacional no deben actuar como militares, si está como centinela no puede estar en funciones de seguridad ciudadana, ya que adquiere funciones como un policía más», agregó.
Dijo que «Si alguien ha llamado a la paz soy yo. El discurso tiene que ser con mucha tolerancia y sensatez, repudiando la violencia de quien venga. Nadie puede estar de acuerdo con el escrache a los hijos de funcionarios chavistas».
Aseguró que las bombas lacrimógenas no pueden ser disparadas contra los manifestantes.
NTN24 Venezuela
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