El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizó el acceso a bienes y servicios tecnológicos mediante las Licencias Generales No. 61 y No. 62. Esta medida incluye a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
La flexibilización abarca transacciones «que sean ordinariamente incidentales y necesarias para la prestación desde los Estados Unidos o por parte de una persona estadounidense, de bienes, tecnología, software o servicios para la instalación, el mantenimiento, la renovación, la reparación, la actualización, la operación o el soporte de telecomunicaciones en Venezuela».
Sin embargo, el marco regulatorio estadounidense aclara y enfatiza que «cualquier contrato para dichas transacciones con el gobierno de Venezuela», que incluye a Conatel y Cantv, debe acoplarse estrictamente a las leyes de un estado «u otra jurisdicción dentro de los Estados Unidos».
Finalmente, el organismo norteamericano determinó las sedes legales permitidas para la resolución de cualquier conflicto contractual entre las partes. Para ello, ratificó que «los procedimientos de resolución de disputas relacionados con el contrato tengan lugar en los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur».
