Ayer miércoles 25 de noviembre el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, declaró que durante una recepción diplomática yo había solicitado su extradición para ser juzgado en Estados Unidos, nada menos que al Encargado de Negocios de la Embajada Norteamericana.
Quien sepa lo más mínimo de cómo se manejan las relaciones internacionales, jamás podría concebir que una celebración diplomática en un hotel, en medio de decenas de invitados, es el lugar y la ocasión en que se le hace al representante de un gobierno extranjero una solicitud de la magnitud de extraditar a un alto funcionario del país para juzgarlo en el exterior.
Dejando de lado lo absurdo del planteamiento, me parece oportuno sentar posición con respecto a lo que significa pedir la injerencia de un gobierno extranjero para solventar los problemas que tenemos que resolver en Venezuela. Conocedor y cumplidor de la Constitución Nacional sé bien que su artículo 69 prohíbe la extradición de venezolanos. Si hay que juzgar a algún venezolano nuestro sistema judicial debe ser capaz de llevar a cabo cualquier proceso con imparcialidad y transparencia.
Y como la imparcialidad y la transparencia no son hoy precisamente características de nuestro sistema judicial, que está actualmente a la orden del partido de gobierno, la solución no es juzgar en el exterior a quien haya cometido faltas aquí. La solución está en depurar democráticamente nuestro sistema judicial para que actúe con independencia, objetividad, celeridad e imparcialidad. También por esta razón, los venezolanos votaremos masivamente por el cambio este 6 de diciembre.
SM