La diputada Tania Díaz explicó el alcance de la nueva ‘Ley Simón Bolívar’, que surge como respuesta a un proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes de EEUU para complementar las sanciones y ejercer más presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Con base en ella, la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó en primera discusión la normativa. Según Díaz, esta ley va «a hacer justicia» porque «ya basta de tanto atropello».
«¿Qué dice la ley? Bueno, en primer lugar, inhabilita políticamente de por vida a quienes hayan atentado contra la Constitución», aseveró la parlamentaria. Asimismo, resalta que eso mismo se aplicará contra quienes «hayan atentado contra el pueblo venezolano, a quienes hayan violentado los derechos de nuestros niños y abuelos».
«Contra quienes promovieron sanciones y se han puesto del lado del crimen internacional para atacar a Venezuela», agregó.
EXPROPIARÁN BIENES DE QUIENES «ATENTARON CONTRA EL PUEBLO»
Díaz además explicó que el segundo punto de la Ley Simón Bolívar es que activa inmediatamente la Ley de Extinción de Dominio.
«Permite que vayamos por los bienes de estos criminales que han atentado contra el pueblo venezolano. Que sea los bienes que tienen en Venezuela el pago como justicia para sanar las heridas de la guerra, para ayudar al Gobierno a restablecer el estado de bienestar que ellos pretenden boicotear y acabar con esa agresión», desarrolló.
Finalmente, indicó que el último punto de la normativa es que no vale que estén fuera del país para que «no se haga justicia».
Dijo que la ley permitirá hacer justicia contra «esos criminales, los Juan Guaidó, las María Machado, los Julio Borges. Todos ellos que pretenden evadir a la justicia, amparándose en otros, que sean juzgados en ausencia, aquí, en la patria venezolana».
El lunes pasado, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la Ley Bolívar, que prohíbe a agencias federales sostener operaciones comerciales con cualquier persona o empresa relacionada con Nicolás Maduro.
La legislación, para la «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela», complementa las sanciones existentes contra el Gobierno de Maduro.