Según fuentes extraoficiales reseñadas por medios nacionales, el presidente Nicolás Maduro está buscando sustituir a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por los llamados de atención que ha hecho contra instituciones manejadas por él.
El chavismo admitió su molestia con quien fue su fiscal estrella y sus intenciones de sacudirla del mundo político con la Asamblea Nacional Constituyente. Irónicamente, Maduro, sucesor de Hugo Chávez y que intentó dar un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, revive el mal rato que sufrió el adeco al enfrentarse a la Fiscalía General.
Pérez fue el primer presidente en enfrentar un juicio luego que el chavista José Vicente Rangel denunciara la malversación de 250 millones de bolívares pertenecientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores el 8 de noviembre de 1992. Fue entonces cuando el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, ordenó iniciar el antejuicio de mérito y el 20 de mayo de 1992, la Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar.
Ahora, el actual Mandatario Nacional enfrenta distintas denuncias en la Corte de La Haya por delitos de lesa humanidad, pero también en la nación petrolera que no prosperaron por la dependencia de poderes a su Gobierno “revolucionario”. Al igual que a Carlos Andrés, contra Maduro se solicitó ante la Fiscalía una solicitud formal para que se iniciaran las averiguaciones correspondientes sobre su presunta complicidad en el caso de narcotráfico de sus sobrinos presos en Nueva York y que esto llevara a la apertura de un antejuicio de mérito por el TSJ. La clara diferencia de la época de Pérez y Maduro es que la extinta Corte Suprema, ahora el Tribunal Supremo de Justicia, está subordinado al Ejecutivo y ha bloqueado cualquier acción en su contra.
Lo realmente tangibles hasta ahora es que Luisa Ortega Díaz ha condenado la brutal represión de la Guardia Nacional contra manifestantes opositores en más de 50 días de protestas que han dejado al menos 56 fallecidos. También rechazó la iniciativa de Maduro de convocar una Constituyente y revelar que Juan Pablo Pernalete, estudiante asesinado en manifestaciones, fue ejecutado con una bomba lacrimógena lanzado por la Guardia Nacional.
EC
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