Lisbeth Añez fue detenida el pasado 12 de mayo, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando iba abordar un vuelo internacional en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.
Según reseñó el diario El Nacional, los efectivos indicaron que sobre la activista de Derechos Humanos había una orden de captura y fue presentada ante los tribunales militares, donde la acusan de rebelión militar y traición a la patria.
Asimismo, a Añez la llevaron a El Helicoide, en Caracas, donde se encuentra reclusa. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), indicó en exclusiva con el rotativo que “la decisión que derivó en la orden de captura no está justificada porque carece de elementos de convicción“.
Sostuvo que las evidencias que presentaron para imputarla fueron supuestos audios y conversaciones en WhatsApp: “Para nosotros no existen porque nunca nos los enseñaron. En su maleta llevaba un libro sobre Leopoldo López, otro acerca de Iván Simonovis, un par de cartas dirigidas a la Asamblea Nacional exhortándolos a colaborar con la liberación de presos políticos, así como un par de reconocimientos por su labor como defensora de derechos humanos”.
El abogado denunció que 48 horas después de la audiencia, ni los familiares de la mujer ni él han podido verla en el Sebín y saber cómo está de salud.
Añez visitaba las cárceles del país y el Sebín para hacer donaciones a quienes consideraba “presos de conciencia”.
EC
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