El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, confirmó este viernes la apertura de una oficina de asistencia técnica en Venezuela, con la firma de un memorando de entendimiento suscrito en Caracas con Nicolás Maduro.
El fiscal adelantó que él y su equipo visitaron el local en el que será instalada la oficina, un paso que, aseguró, permitirá una mayor colaboración «para garantizar que haya más justicia» en Venezuela, donde en marzo de 2022 ya se habían comprometido, de manera verbal, a abrir este despacho.
«Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar más con la asistencia técnica, con la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma», expresó el fiscal, sentado al lado de Maduro en el palacio presidencial, en Caracas.
El documento firmado «detalla la asistencia técnica y la asesoría» que la CPI brindará al país, señaló Khan, que no ofreció información específica sobre el contenido del memorando.
Además, manifestó que, con el establecimiento de la oficina, los especialistas de la Corte podrán apoyar a Venezuela en reformas que el Ejecutivo «quiere poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible».
Maduro y Khan se reunieron la noche del jueves para revisar los «avances alcanzados luego de implementar un primer memorándum de entendimiento» suscrito entre el Estado y el alto tribunal en noviembre de 2021.
«Está sometido a los jueces»
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, después de que quedara en suspenso a solicitud de Caracas.
En este sentido, el fiscal aseguró hoy que la continuidad o no de la investigación es un tema «está sometido a los jueces».
En abril, el gobierno de Maduro acusó a Khan de «instrumentalizar» la justicia «con fines políticos», tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía de la CPI desestima los argumentos presentados por el gobierno de Maduro en torno a la investigación.
La Fiscalía de la CPI cuenta con asesores especiales en Venezuela “que podrán proporcionar asistencia técnica para facilitar la transferencia de conocimiento, profundizar y fortalecer nuestras alianzas, así como identificar distintos ámbitos a nivel institucional”, no solo para garantizar la aprobación de leyes, sino su plena ejecución y aplicación.
En la reunión participan los asistentes especiales del Fiscal de la CPI, Jonathan Agar, y Sarah Hishan; y la asesora de cooperación internacional, Miia Aro Sánchez.
En tanto, en representación del Gobierno Nacional se encuentran la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores de Maduro; el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe; y el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
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