Con esta modificación la sociedad civil tendrá mayoría en el Comité de Postulaciones Judiciales, abriendo paso a un proceso transparente y con apego constitucional para la renovación del TSJ.
Juan Miguel Matheus, miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015, en el marco del proceso de negociación para la transición democrática, sostuvo que la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), constituye un resultado concreto que demuestra cómo el diálogo institucional genera transformaciones efectivas para el país.
De acuerdo con lo expresado por el abogado constitucionalista, este avance legislativo es altamente positivo, porque se traduce en mayor representación de la sociedad civil, más transparencia en los procesos públicos, una reducción del control político sobre el Poder Judicial y una oportunidad clara para que juristas de reconocida trayectoria participen en la reconstrucción del sistema de justicia, bajo el cumplimiento estricto de lo que exige la Constitución Nacional.
“Como resultado de nuestros esfuerzos, la sociedad civil venezolana está asumiendo un papel central en la construcción de la transición democrática del país”, señaló el parlamentario, quien hizo hincapié en que “en el corazón de la transición de Venezuela estará su sociedad civil”.
Mayoría ciudadana en las postulaciones
El aspecto central de la reforma legal reside en la reestructuración del Comité de Postulaciones Judiciales. Con el nuevo texto, los representantes de la sociedad civil pasarán a ser mayoría, ocupando 12 de los 23 integrantes del comité, frente a 11 parlamentarios. Esta medida busca democratizar y reforzar la participación de la sociedad civil en la selección de magistrados y descentralizar el control partidista sobre las decisiones institucionales.
El representante de la Delegación Negociadora destacó que el ajuste normativo abre una ruta técnica y pública para renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dicha reforma establece mecanismos de convocatoria amplia y máxima difusión para la escogencia de los miembros de la sociedad civil, permitiendo el control ciudadano sobre las postulaciones, los expedientes y la evaluación de credenciales.
Evaluación rigurosa de credenciales
Asimismo, Matheus enfatizó que el nuevo procedimiento exigirá una evaluación rigurosa de cada aspirante, conforme a los requisitos de idoneidad, honorabilidad, trayectoria profesional y competencia jurídica contemplados en el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Es una victoria del país y un logro de la Delegación Negociadora. Hemos alcanzado a convertir una exigencia fundamental de la negociación en una reforma concreta de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Este es un primer paso para reconstruir la justicia venezolana”, puntualizó.
Finalmente, el diputado Matheus calificó el cambio como un avance logrado mediante la mesa de negociación, e instó a los profesionales del derecho con alto prestigio y solvencia ética a postularse en el proceso orientado a restablecer la independencia del sistema judicial venezolano. “Una justicia independiente comienza por una selección transparente de quienes tienen la responsabilidad de impartirla”.