El proyecto de cambios a la Constitución será presentado en 35 días a la directiva de la Constituyente. Hasta el momento se desconoce la mayor parte de las actuaciones de la asamblea, instalada en agosto del 2017, y miembros de alto rango del oficialismo sólo han comentado generalidades.
“Habrá el Banco Central con sus funciones en política cambiaria, monetaria y financiera y se incorporará el Cripto Banco Central”, dijo a Reuters Hermann Escarrá, uno de los miembros más influyentes de la asamblea que prepara los cambios a la carta magna de 1999.
En la reforma se prevé incluir el petro, una criptomoneda que anunció el gobierno del presidente Nicolás Maduro en febrero como una manera de incrementar sus ingresos en divisas, en medio de la crisis económica y las sanciones impuestas por Estados Unidos, agregó Escarrá, sin ofrecer detalles sobre el banco central paralelo.
Ante el declive de la producción petrolera por la merma de las inversiones, la falta de personal capacitado, las deudas y las fallas en la infraestructura, la estatal venezolana PDVSA busca vías para aumentar su bombeo.
Los cambios a la Constitución incluirán un mayor acceso de la inversión extranjera al sector petrolero, dijo Escarrá. “Habrá una apertura, siempre que el Estado tenga la mayoría”, agregó sin precisar las fórmulas de las participaciones.
El esquema de más presencia de otros capitales se extenderá a las empresas básicas de hierro, acero, aluminio y oro, sostuvo el constituyente, incluido en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos.
En la reforma se creará un tribunal que estará por encima de la corte suprema. “El tribunal de garantías constitucionales es preeminente sobre el Tribunal Supremo”, aseguró.
Adicional a los ajustes en el poder judicial, el texto constitucional incluirá a la milicia, un cuerpo de civiles creado por el Gobierno para complementar a la Fuerza Armada Nacional, comentó Escarrá, también abogado constitucional.
En la norma se establecerá también la existencia de la “propiedad comunal”, dijo Escarrá. El texto vigente sólo contempla la propiedad privada.