Henri Falcón, uno de los principales dirigentes políticos de la oposición venezolana, dio a conocer este viernes 10 de julio de 2020, el recurso presentado ante la Corte de Distrito de Delaware (Delaware District Court) Tribunal Federal norteamericano, por el Ing. Jorge Alejandro Rodríguez, especialista en finanzas y negocios internacionales, como ciudadano y en representación de diversos actores políticos, muy especialmente de Avanzada Progresista.
Este es un escrito extraordinario para la consideración privada del Juez Leonard B. Stark, en atención a lo dispuesto en el artículo 60(b) del código de procedimientos aplicable en los Estados Unidos y que se presenta en apoyo a las mociones de la República de Venezuela, presentando al juez una serie de aspectos que no habían sido hechos de su conocimiento por el anterior procurador especial designado por la Asamblea Nacional, el abogado José Ignacio Hernández.
Si bien el carácter reservado de tal comunicación, que fue enviada under seal (bajo sello) solo para el conocimiento de la corte, impide el dar detalles sobre la misma, hay una serie de elementos que fueron subrayados durante la exposición de Henri Falcón F. y Jorge Alejandro Rodríguez.
Se señaló que el abogado Hernández habría hecho un fraude contra la República, al haber ocultado sus relaciones contractuales con la empresa Crystallex y con al menos otra decena de empresas que mantienen litigios por decenas de miles de millones de dólares contra Venezuela, asimismo, se destacó lo que habrían sido una serie de fallas inexcusables del ex procurador, que llevaron tanto a la Asamblea Nacional como a sus diversas comisiones a cometer un sinnúmero de errores, que han abonado el camino de los demandantes contra Venezuela.
Desde haber recomendado el pago de 71 millones de dólares correspondientes a los intereses del bono PDVSA 2020, pasando por el irregular nombramiento de los miembros de las juntas directivas de PDVSA Ad Hoc, PDV Holdings, Citgo Holdings entre otras empresas, a la contumacia en negarse a entregar a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional la documentación que desde el mes de junio de 2019 se le había solicitado.
Rodríguez precisó que el 5 de Junio de 2019, se sostuvo una interpelación en la Asamblea Nacional con la comisión de Energía, presidida por el diputado Elías Matta, de Un Nuevo Tiempo (UNT), donde se expuso, con documentos, la problemática que existía con Citgo.
“Informamos del conflicto de intereses que tenía el procurador Hernández con las empresas demandadas, de por qué era inaceptable de acuerdo con la legislación norteamericana y la venezolana, que ese señor tuviera parte en este juicio, y la comisión de la AN estuvo de acuerdo en adelantar una proceso de investigación” explicó Rodríguez; recalcando la excepción de un diputado de Voluntad Popular, quien reiteraba su confianza en el procurador y en todos los nombramientos que había hecho el parlamento por vía de Juan Guaidó.
Destacaron también la actuación que el pasado 8 de agosto de 2019 tuvieron ante la Fiscalía General de los EEUU (U.S. General Attorney), a cargo de William Barr, a la cual le fue solicitada una investigación sobre la relación entre Crystallex y Hernandez.
Según explicó Rodríguez, la responsabilidad de los hechos de los últimos 18 meses recae sobre el procurador José Ignacio Hernández, designado por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, pues estaría involucrado en la parte favorecida, motivado a un conflicto de intereses que vicia su nombramiento y sus acciones, lo cual no exculpa en lo absoluto la responsabilidad que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro en el manejo del caso.
El conflicto implica una pérdida gigantesca para Venezuela en materia petrolera y podría traer como consecuencia que Venezuela perdiera su activo más importante en el extranjero: “Hay una deuda que se debe pagar. El juez en principio pasaría a rematar el porcentaje que considere sea pertinente de las acciones. Esto se vendería y se pagaría a Crystallex y el resto se pagaría a la República o lo dispondría algún tipo de fideicomiso dependiendo de las actuaciones de otros acreedores».
El especialista en negocios y finanzas, se refirió a la medida de embargo emitida desde la corte americana a PDVSA, (que afecta a todos los venezolanos) explicando que ello implicaría la pérdida de tres refinerías con una capacidad de 765.000 barriles por dia, una cantidad de poliductos, tanques, etc; por lo que resulta un proceso que debe es visto con la mayor atención en norteamerica. Uno de cada 12 barriles de gasolina que se produce en los EEUU es producido por CITGO.
Avanzada Progresista adelanta denuncia en Corte de EEUU
Rodríguez manifestó, en su carácter de Secretario Político de Avanzada Progresista, que se adelantó una denuncia formal ante el Departamento de Justicia de EE UU, sobre la cual hasta la fecha no se tiene respuesta. “Pedimos al Departamento de Justicia saber qué ha pasado con la averiguación que solicitamos los venezolanos de la relación entre Crystallex y el procurador, relaciones que no son válidas, legalmente hablando, que son ilegítimas, espurias, indeseables”. Manifestó.
La denuncia se realizó posterior a un exhorto al departamento de justicia para investigar las irregularidades y en virtud de no obtener respuesta, se procedió a formalizar un escrito extraordinario ante el juez Leonard Stark.
Finalmente, Rodríguez hace un llamado a los diputados de la república a que tomen el caso y exijan que se investiguen los hechos de este procurador, para revertir ese juicio que benéfica a Crystaller gracias al apoyo de Hernández. “Por el bien de la república y de todos los venezolanos” finalizó.
Entre la información pública que se hizo conocer destaca:
Esta información incluye, entre otras, las siguientes declaraciones oficiales del actual Congreso de los Estados Unidos reconocido por congresistas venezolanos que niegan cualquier conocimiento de cualquier conflicto de intereses del Sr. Hernández, el actual Fiscal General Ad Hoc para Venezuela en los Estados Unidos y otras jurisdicciones, así como de otros ejecutivos de PDVSA y CITGO vinculados a este caso; declaraciones de varios congresistas venezolanos sobre la negativa de Hernández para proporcionar evidencia de su separación de este caso; decisión del Comité de Petróleo y Energía de la Asamblea Venezolana de investigar la posibilidad y el alcance de un conflicto de intereses del Sr. Hernández en relación con este caso y agravante, a varios otros casos similares; la solicitud presentada al Departamento de Justicia, la unidad de Fraude de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) para investigar la relación entre Crystallex y el Sr. Hernández; las respuestas incriminatorias dadas por Hernández al Comité de Petróleo y Energía de la Asamblea Venezolana en una audiencia reciente del 3 de junio de 2020; las declaraciones incriminatorias expresadas por el Sr. Hernández el y desde el 18 de junio que establecen una «traición» realizada por el Comité de Petróleo y Energía de la Asamblea Venezolana en su contra.
El 6 de agosto de 2019, el Sr.Rodriguez Moreno solicitó públicamente la remoción del Sr. Carlos Vecchio, el Sr. Hernández, el Sr. Alejandro Grisanti, la Sra. Luisa Palacios y el Sr. Ricardo Hausmann de todas las actividades vinculadas a CITGO, PDVSA y cualquier oficina pública relacionada con Estas empresas, filiales o con cualquier relación con los valores de estas empresas.
Ahora bien, la gran interrogante sería conocer si Juan Guaidó estaba en conocimiento de las actuaciones del Procurador Hernández para beneficiar a Crystallex y tener pertenencia sobre Citgo, una vez que esta última opera sin responderle a PDVSA, pues cuenta con una directiva Ad hoc nombrada por la Asamblea. Mientras tanto PDVSA sigue bajo el dominio de Maduro.
Por su parte, el presidente del partido Avanzada Progresista Henri Falcón expresó que tales acciones se llevan a cabo para salvaguardar los bienes de todos los venezolanos, pues son los afectados con todos estos embargos y sanciones.