El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Asamblea Nacional para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, afirmó que los efectivos de la Policía Metropolitana acusados de homicidio intencional no pueden estar contemplados en esta medida.
«A mí me encantaría poder amnistiarlos, pero en toda Ley de Amnistía, de Colombia u otros países, e incluso la de Venezuela, el homicidio intencional no puede ser amnistiado, ni la violación a los derechos humanos, ni tráfico de drogas, ni la corrupción. Ahora que el tribunal que lleva su caso evalúe si ellos han tenido buena conducta y se puede evaluar una medida sustitutiva de la privación de libertad, es otra cosa y depende de los tribunales y el sistema de justicia», asentó en conversación con Román Lozinski en Éxitos.
Por otra parte, confirmó reuniones con familiares de militares detenidos por la Operación Gedeón y aseguró que la justicia militar trabaja arduamente en estos expedientes.
SOLICITUDES DE AMNISTÍA
Arreaza sostuvo que hasta este lunes había 3.095 solicitudes de amnistía, en su mayoría de personas con alguna medida cautelar. Además, precisó que la revisión de los casos dura 15 días.
Por otra parte, se refirió a aquellas personas que desconfían del proceso. «Nosotros demostraremos en la práctica, la dirigencia política nacional que vamos a un nuevo momento, hemos sufrido demasiadas confrontaciones y nos obliga la patria a llegar a acuerdos. Este momento no se había vivido antes».
Sobre los pasos para recibir la amnistía, explicó que las personas acuden ante el tribunal que juzga, puede hacerlo el imputado, abogado o familiar. «Se solicita ante el juez y este evalúa ve el expediente si corresponde con el artículo 8, se da en caso de que sea negada se puede apelar».
«SE HA APLICADO MUY MAL LA LEY DE ODIO»
Arreaza admitió también que en algunos casos la aplicación de la ley no ha sido la correcta. «Aquí se ha aplicado a veces muy mal la ley contra el odio. A veces consigues una persona que la han privado de libertad por unos mensajes en su teléfono».
«Primero, no hay derecho de revisar el teléfono de una persona en una alcabala. Si tú estás en una investigación, una imputación ya eso es otra cosa», explicó.
En este sentido, dejó abierta la aplicación de posibles reglamentos y reformas a esta ley, como a otras similares. «¿Qué hace falta? Una reglamentación clara de cómo se aplica una ley con esas características».