Gustavo Márquez, exembajador de Venezuela en Colombia y exministro de Industria y Comercio calificó de «lamentable» la rebelión de algunos líderes de las FARC y dijo que algunos sectores «pretenden utilizar esta situación para justificar una intervención en Venezuela».
Las afirmaciones de Márquez se producen en vista de las acusaciones por parte del presidente colombiano Iván Duque y Estados Unidos (EEUU) de acusar al Gobierno de Nicolás Maduro de apoyar y resguardar a guerrilleros colombianos, a quienes Duque calificó como «narcoterroristas».
«El discurso de Duque se orienta en señalar de narcoterrorista al gobierno venezolano y como santuario de terrorismo a Venezuela», expresó durante una entrevista radial transmitida por Unión Radio.
En tal sentido, Márquez rechazó que EEUU plantee una intervención en Venezuela y que exista en la oposición «un sector extremista que respalda las sanciones económicas, el bloqueo naval y que ha llamado a través del TIAR a la invasión extranjera».
«Están planteando una estrategia de promover la guerra, de promover una salida en Venezuela a través de una guerra civil con participación internacional», indicó.
Asimismo, el también integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, aseguró que no justifica el «retorno a las armas» por parte de un grupo de las FARC, pero añadió que esta situación era de esperarse debido a que, a su juicio, «hubo una provocación sistemática del gobierno de Duque y Uribe de desconocer los acuerdos de paz».
Otra de las razones por las que Márquez argumentó que se produjo esta rebelión es que en Colombia «se produjo una persecución de los exguerrilleros que dejaron las armas» y que la cifra de exguerrilleros asesinados es superior a doscientos.
Por último, Márquez, quien se opone al gobierno nacional, pero también desconoce a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, pidió nacionalizar el diálogo entre Gobierno y oposición y exigió que las partes «avancen en una agenda que nos permita reencontrarnos, reinstitucionalizar el país y encontrar una salida democrática, constitucional y pacífica a la crisis».