El Gobierno de Venezuela denunció la existencia de una campaña de agresión en su contra, luego de que la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones, integrada por 56 países, instase a sus Estados miembros a apoyar a Guyana en la disputa territorial que mantiene con Caracas por el Esequibo.
«Somos víctimas de una campaña de agresión desde Guyana, tristemente instrumentalizada en un plan violento contra Venezuela que busca desestabilizar la región», indicó en X el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil.
Aseguró que esta campaña busca generar dividendos a «una clase política a través de la explotación ilegal» del territorio -casi 160.000 kilómetros cuadrados ricos en petróleo-, «disponiendo de recursos naturales que no le corresponden».
«Todas las acciones de Venezuela han estado enmarcadas en la aplicación del derecho internacional, el Acuerdo de Ginebra firmado entre las partes -en 1966- y la defensa de los derechos soberanos que nos corresponden», agregó el canciller.
Este pronunciamiento se produjo luego de que la secretaria general de la Commonwealth, Patricia Scotland, hiciera un llamado a los Estados miembros para que «brinden todo el apoyo que consideren apropiado a Guyana en este momento de necesidad», en alusión a la controversia.
«Ofrezco mi apoyo continuo y el de la Commonwealth -de la que forma parte Guyana- para ayudar a resolver el asunto por medios pacíficos», dijo en un comunicado Scotland sobre la crisis de la región del Esequibo, bajo control guyanés pero reclamada por Venezuela.
La secretaria general instó al Gobierno de Venezuela a «respetar los principios del derecho internacional y gestionar la disputa de manera que se garantice la paz y la estabilidad de la región del Caribe».
Scotland habló un día después de que el presidente de Guyana, Irfaan Ali, le enviara una carta expresando que le preocupa que el próximo paso de Venezuela sea implementar su plan para apoderarse del Esequibo.
Venezuela promulgó el pasado miércoles la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que da un marco legal a los planes de Caracas de anexionarse la zona bajo litigio.