Ante la compleja situación económica que atraviesan los trabajadores del sector público, la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) solicitó al Ejecutivo la implementación de medidas urgentes que protejan el poder adquisitivo.
En este contexto, el presidente de la organización, Antonio Suárez, enfatizó la necesidad de otorgar una bonificación especial de US$300 para el cierre de 2026, con el propósito de compensar los bajos montos que perciben los empleados por concepto de aguinaldos.
Suárez también se refirió a los cuatro incrementos de ingresos previstos para el próximo año, señalando que estos anuncios representan una oportunidad para que una porción significativa de dichos aumentos sea destinada de manera directa al salario base, permitiendo así su progresiva recomposición junto a todas sus incidencias legales.
Añadió que el resto de los ingresos anunciados puede orientarse a mitigar el impacto de los altos costos de los bienes y servicios actuales.
El dirigente sindical calificó la propuesta de los ajustes escalonados como un punto de partida para la recuperación salarial y ratificó la disposición de los sectores laborales a revisar las convenciones colectivas sin que esto signifique vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores.
No obstante, advirtió que el crecimiento económico, medido exclusivamente a través del Producto Interno Bruto (PIB), no puede constituir el único factor dentro de la ecuación oficial para fijar los incrementos.
En ese sentido, dijo que es indispensable sopesar en la fórmula el impacto del diferencial cambiario y el encarecimiento del costo de la vida. Argumentó que si los ajustes se calculan únicamente en función del PIB, los porcentajes resultantes serán insuficientes para cubrir la canasta alimentaria y los servicios básicos, los cuales continúan cotizándose y aumentando al valor de la divisa extranjera, dijo en entrevista de Unión Radio.