Especial de Runrunes

Una madre y su hija recién nacida mueren en el Hospital Uyapar de Puerto Ordaz por falta de insumos y negligencia médica. Seis niños hemofílicos sufren lesiones graves por falta de profilaxis, que el Estado venezolano dejó de suministrar. Pacientes de diabetes en Barquisimeto en peligro de caer en coma y hasta perder la vida por no tener acceso a las inyecciones y/o bombas de insulina. Niños con cáncer no pueden seguir tratamiento por falta de microgoteros. Trabajadores del Hospital Pérez Carreño y Domingo Luciani en Caracas protestan por fallas de inventarios.

La lista apenas incluye algunos casos agravados por la falta de insumos médicos que denuncian pacientes, empleados y organizaciones como la Asociación Venezolana de Hemofilia y la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), registrados por la prensa nacional entre el primero de julio y la primera semana de agosto de 2015. Todos tienen un proveedor común: el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), adscrito al Ministerio para el Proceso Social del Trabajo (MPST), que forma parte del sistema de salud que administra 36 hospitales, 59 ambulatorios, 5 líneas populares en el país y las Farmacias de Medicamentos de Alto Costo, según enumera la web www.ivss.gov.ve.
Todos retratan historias de penurias que contrastan con la cantidad de recursos que ha manejado el IVSS en la última década para la adquisición y distribución de insumos médicos. Sólo entre 2010 y 2014, este organismo de asistencia sanitaria gastó 856 millones 395 mil 555 dólarespara la compra en el exterior de 73 mil toneladas de insumos médicos (de las cuales 83% provienen de Estados Unidos), según la base de datos internacional de movimientos portuarios https://www.importgenius.com/. Esa cantidad incluiría los $692.609.508 dólares preferenciales para importación que le aprobó la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Pero las compras de insumos médicos en el extranjero no solo corrieron por cuenta del organismo público que preside el militar activo Carlos Rotondaro Cova. También existen empresas privadas que han surtido de mercancía al IVSS, como es el caso de una red de 19 compañías manejadas por una familia de origen zuliano. A seis firmas de ese grupo, el Estado le aprobó un total de 455 millones 631 mil 647 dólares a tasa preferencial (6,30) para importar insumos médicos, una cantidad que equivale a poco más de  la mitad de los 856 millones de dólares que adquirió el Seguro Social en el extranjero en cuatro años.

Entre 2004 y 2012, Continental Medica C.A, la compañía matriz de esta red empresarial, recibió $331.803.298 de Cadivi, lo cual la ubica entre las primeras 61 corporaciones en Venezuela que más recibieron divisas a tasa preferencial desde que el gobierno de Hugo Chávez impusiera el control de cambio en 2003. Específicamente, se encuentra entre las primeras 14 compañías del sector salud que recibieron montos mayores a 300 millones de dólares a una tasa de 6,30. Entre ese grupo, el IVSS es la única institución del Estado.

La cifra de dólares Cadivi otorgada a esta empresa coincide con los registros de https://www.importgenius.com/: entre 2009 y 2014, Continental Médica gastó 327.317.907 dólares en importación de insumos, de los cuales 90% entraron por Maiquetía y el puerto de La Guaira.

Pero la empresa con domicilio fiscal en Maracaibo no solo fue beneficiaria de Cadivi. Aparte, hasta septiembre de 2014, recibió $2.463.582 del Centro Nacional de Comercio Exterior
(Cencoex), organismo que suplantó en 2014 a la anterior administradora de divisas. Con esto, la suma total de dólares preferenciales otorgados sólo a Continental Medica asciende a 334,2 millones de dólares. Un monto con el que podrían construirse al menos 4 hospitales especializados de Barrio Adentro IV, si se considera el monto de $87.820.736 por cada edificación, según los proyectos de inversión 2014-2019 del Ministerio para la Salud, contemplados en la memoria y cuenta 2014.

Las compañías presentan características comunes: nóminas pequeñas (de 2 a 15 empleados); bajo o nulo perfil en redes sociales; tienen menos de 10 años de existencia; fueron creadas durante los primeros años del chavismo 2001-2007 (o bien adquiridas por miembros de la familia dentro de ese período); su objeto social es la importación y distribución de insumos y equipos médicos y en 8 de los 19 casos su cliente principal es el IVSS.

Los principales actores de esta familia de contratistas del sector salud son los hermanos Daniel Esgardo e Isabel Rangel Baron, quienes tienen presencia directa en 12 de las 19 empresas domiciliadas en Venezuela, bien sea como accionistas o  integrantes de las juntas directivas (presidente y vicepresidente), indica el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Sólo tres de las 12 empresas de los Rangel Baron están actualizadas en el RNC: Vaccines & Medical Supplies, Gusta Medica (Gumeca), y Corporación Hospitalaria del Zulia. El resto, muestran claramente su estatus actual en el RNC: “No actualizada. Inhabilitada para contratar con el Estado”. En esas condiciones, su prestación de servicios a instituciones estatales violaría la Ley de Contrataciones Públicas.

 

La red

Continental Medica fue registrada en Maracaibo en 2001, dos años antes de entrar en vigencia el control de cambio. Según el RNC, 100% de su capital pertenece a otra empresa,  Inversiones IRB (siglas de “Inversiones Rangel Baron”), cuyos propietarios son los hermanos Daniel Esgardo e Isabel, quienes se distribuyen 50%-50% las acciones. Está domiciliada en Caracas, a 517 kilómetros de la capital zuliana.

Fuente: Registro Nacional de Contratista (RNC)

Runrun.es se acercó hasta la dirección de Inversiones IRB en Caracas que indica su ficha en el RNC. Encontró que la firma propietaria de Continental Medica se encuentra en el edificio residencial Ramca I de la populosa parroquia Los Jardines de El Valle (1). La “oficina” no tiene timbre. Nadie respondió al insistente toque de puerta (21/08/15). Los vecinos “no sabían qué decir”, si allí funcionaba la empresa a la que el Estado aprobó 334,3 millones de dólares preferenciales para importar insumos médicos entre 2004 y 2012 .

Inversiones IRB es también propietaria de 50% de las acciones de la Fábrica Venezolana de Descartables, cuyo presidente es Daniel Esgardo Rangel Baron, y a la que Cencoex aprobó un millón 312 mil 719 dólares a tasa preferencial en 2014.

También, Runrunes se trasladó hasta Maracaibo para verificar si el domicilio de Continental Médica corresponde al que detalla el RNC. En la avenida 12 con calle 67 del sector Tierra Negra de la capital zuliana (foto 2), no existe el edificio RB (siglas que remiten al apellido Rangel Baron y donde también funcionaría la Corporación Hospitalaria del Zulia, otra compañía del grupo). En esa vía no hay compañías del sector salud, sólo ventas de repuestos mecánicos.

Una particularidad de las empresas de los Rangel Baron es su carácter ambivalente. A partir del Registro Nacional de Contratistas (RNC), es posible trazar la intrincada red de firmas y nombres en la que Continental Medica destaca como el gran vaso comunicante.  Es de notar que  muchas de estas contratistas del Estado tienen entre sus clientes a empresas que a su vez son de su propiedad o bien de otros miembros de la familia. Un esquema que parece responder al dicho venezolano, “se pagan y se dan el vuelto”.

El artículo 71 de ley de Contrataciones Públicas, indica que uno de los causales de rechazo de ofertas de contratos es que provengan del mismo proponente o bien sean presentadas por personas distintas pero que participen tanto ellas o sus socios, directivos o gerentes en otras ofertas.

También hay casos en los que el parentesco no se mide únicamente por nombres y apellidos. Por ejemplo, la Corporación Eximamerica, presidida por Jesús Ramón Torres Rodríguez (dueño de 99,9% de las acciones), al mismo tiempo es vicepresidente ejecutivo de Petrolera Social (P&S), empresa del sector energético con sede en Maracaibo cuyo presidente es Daniel Esgardo Rangel Baron, indica el RNC.

Y están otros casos descritos en el RNC:  Gusta Médica, manejada por Gabriela Beatriz y Patricia Elena Matute Rangel  (hijas de Yolanda Rangel Baron); Rismed de Venezuela (cuya dueña es Liliana Di Nardo, primera esposa de Daniel Esgardo) e Inversiones Dam-Prax Internacional (que pertenece a Eduarda Laguna de Rangel, esposa de José Antonio Rangel Baron).

Mientras el chavismo pregona que “la salud en revolución dejó de ser una mercancía y un negocio”,  la familia Rangel Baron no limitó sus “emprendimientos”  a Venezuela sino que los extendió a otros países: tienen 15 empresas en Miami (donde tienen al menos tres casas en Doral), 10 en Panamá y tres en Costa Rica.

La concentración de cargos es otro elemento diferenciador. Daniel Esgardo es presidente 10 empresas  y accionista en ocho registradas en Venezuela. Mientras, Isabel Rangel Baron, a quien llaman en el sector “la zarina de los medicamentos”,  forma parte de la  junta directiva de cuatro firmas y tiene participación accionaria en 4 corporaciones.

Pese a ser uno de los principales clientes del IVSS, el presidente de Continental Medica, Daniel Esgardo (segundo de los Rangel Baron) no cotiza en el sistema de asistencia sanitaria. Según su cuenta individual del Seguro Social, la última vez que estuvo afiliado fue en 1979 cuando trabajaba en Fregersa de Maracaibo, una empresa de venta de repuestos para vehículos.

El RNC certifica que sus otros tres hermanos también son propietarios de empresas del sector salud: Félix Alberto (Corporación Hospitalaria del Zulia en Maracaibo, con sucursal en Miami), José Antonio (R.B Importadora)  y Yolanda (con empresa en Miami y cotiza en Gusta Medica, empresa a nombre de sus hijas). Esta última incluso cobra mensualmente su pensión de vejez del IVSS por un monto de Bs. 7.421.

Contratos “a dedo”

Ninguna de las 19 compañías de los Rangel Baron (cuyos respectivos capitales sociales acumulan  Bs. 2.160 millones) es mencionada en la memoria y cuenta de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 del MinTrabajo (al que está adscrito el IVSS). No hay  balance público del desempeño de estas contratistas.

Las empresas de los Rangel Baron tampoco están afiliadas a la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, odontológicos de laboratorios y afines (Avedem), confirman los directivos de esta entidad gremial. No cualquiera puede ser miembro de esta organización fundada hace 40 años, que agrupa a 157 empresas dedicadas a la fabricación, importación y distribución de servicios en el área de salud. Las firmas aspirantes deben presentar una serie de requisitos de transparencia administrativa tales como: copia del registro mercantil, balance de los últimos tres años, lista de accionistas, registro sanitario, cartas de recomendación de otros miembros de Avedem,  patente de industria y comercio y declaración de adopción del código de ética, entre otros.

No se conocen concursos públicos convocados por el IVSS en los que estas empresas hayan presentado sus ofertas. En la web del Seguro Social solo se muestran los llamados de 2015 y no están destinados a proveedores de insumos médicos. Runrun.es se acercó el 18/08/15 a la secretaría de Contrataciones Públicas, ubicada en el piso 10 de la sede del IVSS, en la esquina de Altagracia, centro de Caracas, para consultar directamente por el archivo de los llamados a licitación de años anteriores. La reportera fue remitida a la oficina de prensa para tramitar la solicitud. Pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Las irregularidades para contratar el suministro de insumos médicos para el IVSS fueron verificadas por la Contraloría General de la República (CGR) en su Informe de gestión 2007. Específicamente, se refiere a la compra en el exterior de material para el tratamiento de hemodiálisis destinado a pacientes renales durante 2004 y 2005, justo cuando las empresas de Rangel Baron comenzaron a operar con el Seguro Social.  El documento constata que las autoridades del IVSS aprobaron un presupuesto por Bs. 222.950,19 millones (108,64 millones de dólares de la época).

INFORME DE GESTIÓN CONTRALORIA 2007 SOBRE EL IVSS copia by runrunesweb

 

La escogencia “a dedo” se saltó el Reglamento de la Ley de Licitaciones. El órgano contralor determinó que no hubo “emergencia comprobada”, tal como la junta directiva del IVSS de entonces justificó la escogencia de proveedores en el exterior, por lo que debió “procederse a la selección del proveedor por Licitación General o Licitación Anunciada Internacionalmente y no por Adjudicación Directa”, determinó la CGR.

También, la Contraloría observó debilidades en la planificación y control de las adquisiciones; falta de fianza de fiel cumplimiento de las empresas favorecidas; ausencia de mecanismos de control interno y atraso en la cancelación del compromiso adquirido inicialmente por el IVSS por Bs. 24.686,51 millones, que al ser sustituido por otras dos órdenes de compra incrementaron los costos del kit completo para la hemodiálisis de Bs. 70.176,00 millones a Bs. 83.850,75 millones (19,48%).

El documento oficial de la CGR recuerda que el artículo 17 de la Ley contra la Corrupción indica que “los funcionarios y empleados públicos deberán administrar los recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la disminución del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en atención a los fines públicos”.

Runrunes envió una solicitud de entrevista al presidente del IVSS, Carlos Rotodaro el 18/08/15 para conocer los detalles de los procesos licitarios y aclarar los aparentes privilegios de la empresa de Rangel Baron en los concursos públicos. Hasta el cierre de la edición, no se obtuvo respuesta.

Correspondencia 2

Empresas empacadas

Encontrar la sede de Continental Medica resulta tan engorroso como la trama de empresas fundadas por los hermanos Rangel Baron.

Como lo indica el RNC, siete compañías  comparten la misma dirección en Caracas en el Centro Comercial Automotriz Venezolano, avenida Nueva Granada, local 15-A, frente al Inces:  Corporación Eximamerica, Droguería Lemor, Rehem Medical, Unidad de Diálisis Juan Pablo II, Inversiones Lytel 2050, Corporación Hospimed y Corporación Dynamic Medical.

Pero en el Centro Automotriz de la avenida Nueva Granada, sólo sigue funcionando la Unidad de Diálisis Juan Pablo II en la planta baja, cuyo letrero exhibe el logo del IVSS. El local con puerta de vidrio y nombre rotulado de Rehem Medical, donde estaban domiciliadas el resto de las firmas, está clausurado. Llamó la atención que cuando se preguntó el 21/08/15 a los vecinos del lugar por las demás empresas de insumos médicos, todos sin excepción las identificaron con Continental Medica. “Ellos se fueron hace como tres años, se mudaron para el Centro Seguros La Paz de La California” (este de Caracas), aseguraron.

Según el RNC, en el Centro Seguros La Paz, ubicado en la avenida Francisco de Miranda, Boleíta Sur, existen cuatro empresas dedicadas a la comercialización de insumos médicos que han firmado contrato con organismos del Estado. Están ubicadas en el piso 7, oficinas 71 y 72: NetMedica; I.S.T Ingeniería y Servicios técnicos; Rismet Medica y Venezolana Internacional de Comercialización. Comparten teléfonos fijos y en el caso de las dos últimas su propietaria y presidenta:  Yipsi Acevedo (foto 4).

Si se parte de los datos validados por el RNC, las empresas no guardan ninguna relación con Continental Medica. Sin embargo, en la sede de NetMedica confirmaron a Runrunes, que esa compañía forma parte del “mismo grupo de empresas”.

Continental Medica ocupa todo el nivel Planta Libre (PL) del Centro Seguros La Paz. Dos ascensores tienen acceso directo. No hay rótulos que la identifiquen en la entrada y los empleados visten de uniforme sin logos. Una cartelera interna indica el nombre de la empresa Inversiones Lytel 2050, cuyo presidente y propietario es precisamente Daniel Esgardo Rangel Baron, según el RNC. Runrunes solicitó directamente la entrevista por escrito al presidente, “quien es un emprendedor muy ocupado y viaja mucho”, aseguraron en la oficina. Hasta la fecha del cierre, no se ha recibido respuesta alguna.

 

Otras oficinas

En otra dirección que indica el RNC, está cerrada la oficina de la planta baja del edificio Marra de la calle Semprún de Santa Mónica, Caracas, donde operaban las empresas Equipos Médicos Alfamed y Representaciones Omega Salud, que recibió más de 100 millones de dólares Cadivi (foto 5). Los vecinos  aseguran que “se fueron hace como 3 años de allí”.

Runrunes trató de entregar personalmente las solicitudes de entrevista en físico al presidente de Continental Medica y afines en las direcciones antes mencionadas, pero al encontrar puertas cerradas regresó con las cartas (foto 6) .

De Maracaibo salieron

¿Cómo una familia sin trayectoria conocida en el ramo de la salud pudo crecer como grupo empresarial en cuestión de 10 años gracias a la importación de insumos médicos para el Estado venezolano,  hasta el punto de abrir 19 compañías en el país y otras  28 entre Panamá, Estados Unidos y Costa Rica, aparte de otras propiedades en el extranjero?

Los hermanos Rangel Baron pertenecen a una familia de inmigrantes de origen humilde que se instalaron en los años 70 en Maracaibo luego de estar inicialmente en Mérida. Su madre se nacionalizó el 8 de octubre de  1976, registra la Gaceta Oficial No. 1910.

Quienes los conocen desde hace décadas los recuerdan como unos hermanos muy unidos y familiares, pero también ambiciosos. El tiempo demostró su habilidad para los negocios. Todos estudiaron derecho en la Universidad del Zulia (LUZ).  Daniel, el segundo de los Rangel Baron, comenzó con un negocio de repuestos de carro, RB Automotriz en la avenida 15 de las Las Delicias de Maracaibo (su propiedad consta en acta del Tribunal Superior Contencioso Tributario del Zulia del 14 de diciembre de 2006). Isabel se inició como proveedora de los juguetes de Navidad para la Gobernación de Zulia a mediados de los 80’s.

Llegaron al IVSS en 2004 de la mano del empresario norteamericano-hondureño José Alfredo Rodríguez, el segundo esposo de Liliana Di Nardo, quien anteriormente había estado casada con Daniel Esgardo Baron Rangel. De este primer matrimonio hay tres hijos: Daniel Alberto, David  y Dianella Mykitta.

Los hijos de Daniel Esgardo Rangel Baron y Liliana Di Nardo se abrieron paso en EEUU luego que su madre se casó con Rodríguez. Así llegaron a Alabama y obtuvieron residencia norteamericana cuando DiNardo se casó con Rodríguez.

Rodríguez ha mantenido relaciones comerciales con Venezuela desde hace 20 años. Su empresa OncoAmerica (fundada en 2003) cuenta con centros oncológicos en México, Estados Unidos y Venezuela.

Desde Alabama donde reside, relató a Runrunes vía telefónica que estableció sus primeros contactos con el IVSS entre 1999 y 2004. Con su empresa Rismed Oncology Systems (creada en marzo de 2003 en Alamaba, EEUU),  firmó  un primer contrato con el Instituto durante la presidencia de Jesús Mantilla para el suministro de 351.780 kit de diálisis por un total de 5.919.400 dólares (distribuidos en dos órdenes de compra). En 2005, encargó a Daniel Esgardo (la ex pareja de su entonces esposa,) como representante en Venezuela de las ventas de su compañía. El nombre Rismed viene de Rodríguez Imaging Systems.

Rismed Oncology Systems fue la proveedora de kit de diálisis para el IVSS hasta el 3 de abril de 2006, fecha en la que Rangel Baron le notificó a Rodríguez que el organismo había cancelado el contrato. La decisión sorprendió al propietario porque consideraba que el contrato había sido “exitoso”. Sin embargo,  aceptó cerrar el capítulo del Seguro Social en Venezuela y dedicarse en lo sucesivo a centros oncológicos en otras regiones, como México.

Seis años después, el 27 de julio de 2012, mientras preparaba el contrato con un cliente en México, Rodríguez advirtió que existía otra empresa con un nombre similar a la suya: Rismed Dialysis Systems, registrada en Alabama en 2006, el mismo año en que supuestamente el IVSS suspendió el contrato original en Caracas. También, descubrió que la nueva firma siguió recibiendo pagos del IVSS. Su propietario era su hijastro, Daniel Alberto Rangel Rodríguez, hijo de su representante de ventas en Caracas y su ex esposa Liliana Di Nardo.

Es decir, Rodríguez se dio cuenta de que tanto Daniel Esgardo como su hijo Daniel Alberto Rangel Di Nardo “habían robado el contrato de su empresa con el IVSS creando otra compañía con nombre similar en EEUU, a cuya cuenta desviaban los pagos del organismo venezolano”, afirma. El propietario de la Rismed original asegura que el fraude asciende a 1.200 millones de dólares.

Documento de registro de las dos empresas

• Rysmed Dialysis Systems, Corp. (1)
• Rysmed Dialysis Systems, Corp. (2)

Rodríguez afirma que en 2006 Rangel Baron intentó cambiar el contrato millonario a su empresa Continental Medica, pero el presidente del IVSS Jesús Mantilla se negó. Es por ello que deciden crear otra empresa con el mismo nombre Rismed Dialysis (2006) y abrir una cuenta bancaria (AM South Bank) a nombre de la nueva. Fundan además otras compañías con el mismo nombre en Venezuela (marzo 2007)  y Miami (julio 2008) a nombre de su hijo Daniel Alberto.

Todas estas relaciones están sustentadas en la demanda No. CV 13-S-310-NE presentada en la Corte Federal de Alabama que presentó Rodríguez en febrero de 2014, verificada en la base de datos Pacer de demandas jurídicas de EEUU.

Esta versión intentó ser contrastada con los involucrados. Runrun.es llamó por teléfono a los números suministrados en el RNC, pero no logró comunicarse.

 

La demanda de 50 millones

En febrero de 2014, en nombre de Rismed Oncology System, Rodríguez introdujo una demanda por 50 millones de dólares ante la Corte Federal de Alabama (expediente número No. CV 13-S-310-NE) contra Daniel Esgardo e Isabel Rangel Baron, así como también las empresas Rismed Dialysis Systems (Alabama), Rismed Dialysis System (Florida), ambas registradas bajo el nombre de su hijastro, Daniel Alberto,  y Rismed Dialysis Systems (Venezuela), a nombre de Isabel y Daniel Esgado.

Rodríguez retiró la demanda en abril de 2014 por “acuerdos familiares”, explicó el demandante.

Tiempos de Rotondaro

El crecimiento de Continental Medica como proveedora de insumos médicos importados para el IVSS ocurrió a partir de 2005, especialmente bajo la administración de Carlos Rotondaro Cova. Aunque Rotondaro fue designado por Chávez como presidente del Seguro Social en mayo de 2007 -cuando aún era teniente coronel-, formaba parte de la junta directiva desde 2003 cuando Jesús Mantilla presidía el organismo.

Rotondaro, quien fue ascendido a general de Brigada en 2012, forma parte de la promoción 1987 general de Brigada “Tomás Montilla”, que incluye a figuras de los gobiernos de Chávez y Maduro, como Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional), José Gregorio Vielma Mora (gobernador de Táchira) y Jesse Chacón (quien fungió de presidente de Corpoelec hasta agosto de 2015).

Rotondaro es el titular que más ha durado en la presidencia del IVSS, salvo dos breves períodos: de  2009 y 2010 cuando estuvo en Ministerio para la Salud  (G.O 39.232) y en 2013, al ser nombrada Magally Viña Castro (G.O 40.283),  consuegra de “la primera combatiente”, Cilia Flores. Pese a su larga trayectoria en el Instituto, su ficha de cotización no aparece en el archivo digital del IVSS.

En su cuenta de Twitter @crotondaro difunde su participación en los entrenamientos al personal en el manejo de las redes sociales para difundir los mensajes de “la revolución”. A diferencia de las instalaciones de otros organismos públicos dominados por el rojo y los retratos de Chávez, la refaccionada sede principal del IVSS en Caracas mantiene el histórico azul corporativo que identifica al organismo creado en 1944.

Un robo ocurrido en septiembre de 2014 recuerda la relación de los Rangel Baron con el IVSS. La Policía de Miranda detuvo a un hombre que pretendía vender de manera ilegal 720 equipos para hemodiálisis marca Rismed Dialysis Systems, que fueron extraídos de los almacenes del IVSS de Caucagua.

Runrunes solicitó entrevista por escrito al presidente del IVSS (18-08-15) para aclarar si la relación del organismo con Continental Medica estaría violando o no los artículos 70 y 71 de la Ley Anticorrupción, que establece que si un funcionario público se aprovecha de su cargo para intervenir en la celebración de contratos u operaciones obteniendo beneficios económicos o utilidad para sí o terceros. La comprobación de estas irregularidades podría acarrear penas entre 2 y 6 años, además de multas de hasta 100% del beneficio comprometido.

Correspondencia 1