Maduro, cuya popularidad apenas alcanza el 15% en medio de la más aguda crisis económica en la historia moderna del país, ya comenzó a dar los primeros pasos para terminar de extinguir los últimos vestigios de democracia, descansando la estrategia sobre la muy polémica Asamblea Nacional Constituyente y planes de persecución política a ser ejecutados a través de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado.
El régimen de Nicolás Maduro aspira a desmantelar totalmente a la oposición en los próximos dos años y utilizaría una posible victoria en las elecciones regionales del domingo para radicalizar su revolución y crear un estado policial donde el precio de disentir públicamente se pagaría con la cárcel, el exilio o incluso la muerte, advirtió un exministro chavista.
“Sus objetivos son muy claros”, dijo el mayor general del Ejército Hebert García Plaza, en una entrevista con El Nuevo Herald desde Washington. “El gobierno sabe que tiene un lapso de dos años para radicalizar el proceso y quedarse con un grupito que conformarían un supuesto partido político de oposición controlado por ellos mismos”, indicó.
La justificación jurídica detrás de una nueva oleada de represión que recaería sobre la recién nombrada Comisión de la Verdad y la Ley Contra el Odio que la Asamblea Constituyente está por aprobar, advirtió García Plaza en una entrevista telefónica. “El gobierno va al proceso de radicalización de la revolución a través de la Asamblea Nacional Constituyente y planea utilizar las instituciones como la Fuerza Armada para materializar la persecución política”, dijo García Plaza, quien aún mantiene contacto con integrantes del régimen.
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“La argumentación jurídica va a ser suministrada por la Comisión de la Verdad y por la Ley Contra el Odio, y estos elementos van a ser usados para desaparecer a los partidos políticos de oposición”, enfatizó. Para ello, es fundamental salir airoso en los comicios del domingo, dijo García Plaza, quien renunció al gabinete de Maduro en el 2014.