El 25 de septiembre al mediodía, Antonio Urbina, de 51 años, recibió la mejor noticia de los últimos meses. “Se van para la calle”, fueron las palabras del abogado Germán Cruz. El Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal de México así lo había determinado. El matrimonio venezolano, integrado por Urbina y Coral Rojas, no había incurrido en delito alguno al introducir una demanda civil contra un colegio de Santa Fe, donde estudiaban sus hijos.
Sabrina Machado/Panorama
“Me costó respirar, las lágrimas me brotaban, no sabía si reír o llorar. Fue demasiado fuerte”, comenta Urbina, padre de tres hijos, a través del hilo telefónico desde el Distrito Federal. La ansiedad no cesó hasta que logró comunicarse con su pareja, retenida en un penal de Santa Marta, y recibió la orden de salida.
El drama del matrimonio venezolano, radicado en el Distrito Federal desde hace seis años, comenzó cuando invitaron al mayor de los tres hijos de la pareja a integrar un grupo adelantado de estudios. La propuesta vino del propio director del Westhill Institute de Santa Fe. Las autoridades del plantel alegaron que era un niño muy inteligente y sobresaliente, y debería formar parte de este proyecto.
El grupo sería coordinado por la Secretaria de Educación Pública, equivalente al Ministerio de Educación venezolano, y los padres estarían informados de todo lo que implicaría esta nueva etapa de estudios de Isaac, quien contaba en ese momento con 9 años.
De inmediato, el niño fue promovido de segundo a tercer grado, meses después a cuarto grado; sin embargo, los padres de Isaac durante este lapso no apreciaron evaluaciones ni la entrega de boletas correspondientes, ni los exámenes que le habría indicado la directora a los que sería sometido.
Esta situación comenzó a levantar la suspicacia de los papás. Amén de que el niño, por ser menor que sus compañeros, comenzó a sufrir bullying, sin que las autoridades del colegio tomaran cartas en el asunto. “Llegó un momento en que no quería ir a la escuela ni a la natación, que le gustaba mucho”, refiere Urbina. Acotó que el mayor de sus hijos recibió ayuda psicológica, en virtud de la afectación que sufría.
A medida que pasaban las semanas la situación con el colegio no cambió. Por ello, Coral Rojas acudió a la SEP a buscar información sobre su hijo. En esta dependencia oficial le explicaron que el niño no estaba inscrito en el mencionado proceso y que ellos no tenían ninguna información al respecto.