El gobierno venezolano y la plataforma unitaria de la oposición firmaron en Barbados un conjunto de acuerdos que incluye la realización de la próxima elección presidencial en el segundo semestre de 2024, así como un conjunto de garantías para la participación electoral con observación internacional del proceso.
De acuerdo con la información obtenida los acuerdos establecen los siguientes puntos:
- El reconocimiento al derecho que tienen los actores políticos a designar su aspirante a la presidencia de acuerdo con sus propios procedimientos internos y de manera «libre», de acuerdo con los principios constitucionales.
- Los actores del gobierno y la oposición se comprometieron a promover ante el CNE un conjunto de garantías electorales de cara al proceso comicial para elegir al próximo presidente.
- Estas garantías incluyen la realización de las elecciones en el segundo semestre de 2024, de acuerdo con el calendario constitucional.
- Establecer un proceso completo de actualización del Registro Electoral Permanente con jornadas especiales de inscripción, establecimiento de puntos de inscripción en todo el país con testigos de los actores políticos, continuación del proceso de cedulación con operativos especiales.
- Actualización del REP en el extranjero sin más limitaciones previstas en la Constitución y la Ley.
- Desarrollo de todas las auditorías previstas en el sistema electoral, incluyendo las que atañen al Registro Electoral Permanente (REP) con participación de todos los actores políticos y observadores internacionales.
- Solicitud de observación internacional a diversas entidades como la ONU, la Unión Europea, el Centro Carter, entre otros.
- La obligación de crear un clima pacífico para la participación, «sin injerencias externas», respeto a la ciudadanía, a la autoridad electoral y los actores políticos. «Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz, y la integridad territorial de Venezuela».
- Asegurar una campaña pacífica con libre movilidad de los candidatos y con pleno respeto a derechos básicos como el de reunión.
- Reconocimiento a los actores políticos a acceder a mecanismos de financiamiento transparentes, que aseguren la pulcritud de su origen y manejo, de acuerdo con las normas legales aplicables.
- Se promoverá la amplia participación de medios de comunicación nacionales y extranjeros del proceso electoral, así como en redes sociales.
- «Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
- Reconocimiento público de los resultados electorales.
Este acuerdo parcial reabre el proceso de negociación entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición, el cual podría continuar para tocar otros asuntos de la vida política e institucional del país, pero fuentes políticas señalan que esa continuidad no está asegurada.
Las inhabilitaciones políticas, la liberación de detenidos por razones políticas y los mecanismos de flexibilización de sanciones quedan todavía en la agenda, mientras se espera que el gobierno de EEUU emita licencias para nuevas empresas extranjeras dispuestas a operar en el sector petrolero venezolano y flexibilice sanciones financieras.
