Pacientes renales de Maracay, Nueva Esparta, Barquisimeto y Caracas deben llevar kit de agujas, solución 09 y macrogotero para dializarse
ISAYEN HERRERA/ EL NACIONAL
Los pacientes renales que residen en Maracay, estado Aragua, viajaron hasta Caracas para ir a la sede principal del Instituto Venezolano de Seguros Sociales a exigir respuestas ante la escasez de insumos en las unidades de diálisis de su jurisdicción. Hace dos semanas les informaron que solo los podían atender hasta el último de este mes.
Melvis Lucena, Vierma Guerrero y José Quintero se trasladaron desde Maracay en autobús en representación de todas las personas que necesitan dializarse tres veces por semana para eliminar las sustancias nocivas de la sangre porque sus riñones no funcionan. Luego se devolvieron para estar a las 3:00 pm en la cita semanal para hacerse el procedimiento que los mantiene con vida. Hace dos días hicieron lo mismo los pacientes de Valencia. La crisis se repite en Caracas, Nueva Esparta y Barquisimeto.
A los pacientes les piden un kit con guantes, inyectadoras, agujas, solución y un macrogotero. Lucena acotó que no hay el medicamento eritropoyetina, inyección subcutánea que se aplica cada semana para subir la hemoglobina. Tampoco les hacen los exámenes de laboratorio que incluye evaluación trimestral de úrea, creatinina, fósforo, hierro, perfil tiroideo y detección de hepatitis B y C que antes era parte del tratamiento y lo costeaba el IVSS. Ahora deben pagar esos exámenes que cuestan 60.000 bolívares.
También comenzó a escasear el medicamento heparina, que se usa para evitar que la sangre se coagule cuando se está haciendo la diálisis. Los médicos utilizan la mitad de las dosis para rendir el fármaco y hasta reducen la diálisis de cuatro horas a tres para abrir otros turnos y atender a más pacientes dependiendo de la demanda.
Francisco Valencia, presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, denunció que desde agosto de 2016 el IVSS no ha hecho importaciones de insumos y medicamentos para las unidades, según fuentes de las farmacéuticas. “El Seguro Social está aplicando un recorte inescrupuloso para las personas en diálisis. Ponen en riesgo la vida de las personas porque se ha dedicado a reducir las horas de diálisis y esta situación está aún más acentuada en el interior del país”, denunció.
La espera por el trasplante. Melvis Lucena tiene un pariente que puede donarle un riñón, pero aún no ha podido hacerse el trasplante que le devolvería la calidad de vida, pues no hay cupos en el hospital ni insumos. Vierma Guerrero, de 42 años de edad, está en lista de espera para recibir un riñón desde hace seis años, pero primero debe operarse la vesícula y no ha conseguido cupo en los hospitales para la intervención quirúrgica. Mientras, a José Quintero le dan pocas probabilidades de ser seleccionado en la lista de espera porque también tiene diabetes.
“El presidente del Seguro Social y la ministra son responsables de lo que suceda con estas personas”, advirtió Valencia
Cecodap introdujo cuarto recurso para proteger a los niños
Cecodap acudió a la Sala Constitucional para pedir una revisión de la sentencia de la Sala de Casación Social del 16 de diciembre en la que se negó la protección a los niños frente a situaciones graves. Esa medida preventiva data del 25 de abril del año pasado cuando Cecodap solicitó por primera vez proteger a los niños frente a la crisis de medicinas ante el Tribunal Superior Tercero de Protección del Niño, Niña y Adolescente del área metropolitana. La acción legal llevó 20 casos expuestos en el expediente de niños afectados, pero fue negada dos meses después por “falta de pruebas”. La apelación también fue negada por el juez Oswaldo Tenorio. En la negativa inicial el juez aseguraba que no eran suficientes las pruebas presentadas por Cecodap, pues todas eran tomadas de páginas web informativas.
El abogado Carlos Trapani explicó que se dio sentencia con error de interpretación. La Sala de Casación alegó que no ve pertinente admitir el recurso porque no contribuye a la preservación del orden público y a la uniformidad de la jurisprudencia, mientras que Trapani alega que su petición se apega a los derechos establecidos en las leyes.