El delegado de la Defensoría del Pueblo en el estado Anzoátegui y exsecretario general de Gobierno de esa entidad, Rafael Vega denunció este martes a Jhonnathan Marín, exalcalde de la ciudad de Guanta, por presuntamente amenazarlo de muerte, al igual que a su hermana, Dalia Vega, directora del despacho del fiscal general, Tarek William Saab, y a otros dos líderes sindicales de la región.
«Un trabajo de inteligencia logró la extracción de contenido a uno de los sicarios identificado como Édgar Guzmán, a quien Marín le da precisas órdenes de contratar por la cantidad de 50 000 dólares a unos gatilleros colombianos a fin de ejecutar dichos atentados, con el objetivo de dañar directamente al fiscal general, (Tarek William) Saab», indica la información citada en nota de prensa.
Las pesquisas revelaron las conversaciones vía Telegram entre Jhonnathan Marín con otro de los colaboradores.
«Si a Tarek no le puedes dar el tablazo será a Dalia que no anda escoltada ni con carro blindado. Todo esto antes de que Catire (Rafael Vega) y Juan cojan los cargos. Si Maroil no te da dinero, no pasa nada, yo te mando el dinero para que te lo dé el mismo contacto de Guanta. Luis, entiende, esto debe hacerse lo antes posible», señala Marín en una serie de mensajes con fecha del 24 de enero.
En otro de los mensajes se lee cómo sería el plan para ejecutar dichos ataques por parte de Guzmán: «Lo que tenemos es que pedirle la logística completa para sacar a Juan y a Catire porque darle un coñazo a Tarek va a ser más difícil. Es un fiscal y tirarnos una vuelta grande como se la tiraron a Danilo va a costar mínimo un millón de dólares y va a ser escándalo nacional».
A lo que el «colaborador» le contesta «nacional nada más no, van a salir los culpables hasta para afuera».
La Dirección General de DD. HH. del Ministerio Público comisionó a dos fiscales nacionales a fin de adelantar las investigaciones respectivas para librar las respectivas órdenes de aprehensión a las que hubiera lugar.
En contexto
Marín, exaliado del fallecido presidente Hugo Chávez, fue condenado en octubre del año pasado en una corte federal del sur de Florida, a poco más de dos años de prisión por haber conspirado para cometer un delito contra Estados Unidos por medio de una trama de negocios con la empresa petrolera estatal PDVSA y algunas de sus subsidiarias.
El juez federal Robert Scola condenó a Jhonnathan Marín a 27 meses de prisión tras aceptar una moción propuesta por la fiscalía para que redujera su pena por haber «asistido de manera sustancial» al gobierno estadounidense en otras investigaciones de corrupción.
Marín, de 44 años, fue alcalde de Guanta por casi una década hasta que renunció en 2017.
El exalcalde huyó de Venezuela en medio de una importante purga en PDVSA y el gobierno de Nicolás Maduro ordenó su arresto por corrupción y le prohibió ejercer cargos públicos.
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