La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició su 156 período de audiencias, en el cual diversas organizaciones no gubernamentales expusieron pruebas de violaciones contra los derechos humanos y acusaron al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como partícipe y autor de varios hechos.
Así lo expresaron durante la jornada de audiencias celebrada en Washington, Estados Unidos.
Cabello fue denunciado por ataques y criminalización contra 58 activistas de los derechos humanos en Venezuela, así como por hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación a través de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por Venezolana de Televisión.
El Estado venezolano fue denunciado por no respetar la libertad de expresión. “Desde enero y hasta septiembre de 2015 registramos un total de 205 denuncias de violaciones a este derecho. El hostigamiento verbal (52), la intimidación (50), la censura (36) y las agresiones (27) constituyeron los principales patrones de violaciones”, manifestó el comisionado Felipe González, relator para Venezuela y Estados Unidos.
Por su parte, representantes del Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Transparencia Venezuela, presentaron informes sobre estos casos, asegurando también que el trabajo de la prensa se ve limitado por prácticas “institucionales-burocráticas.
“Persisten los obstáculos para la compra de papel e insumos para prensa. La venta de papel es monopolizada por la Corporación Maneiro, la cual vende a libre discreción con serias restricciones para medios críticos al Gobierno.
Tampoco entregan divisas para compra de insumos como planchas y tinta, los cuales deben ser comprados a un precio 66 veces superior al establecido oficialmente. Esto ha causado la reducción del formato de al menos 10 impresos regionales en los últimos dos años. Además, más de 300 emisoras de radio esperan respuesta por parte de Conatel respecto a la concesión del espectro radioeléctrico”, expresaron.
Asimismo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC); Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Amnistía Internacional, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron denuncias sobre ejecuciones y abusos por parte de los cuerpos de seguridad.
“En el 2015, se han registrado 590 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un aumento del 18% del mismo periodo en el 2014 (…) El 60% de violaciones a los derechos humanos se dieron en el marco de operativos de seguridad ciudadana. Es preocupante que la mayoría de estos casos no tienen resoluciones conclusivas, con condenas. Esto resulta en la proliferación de estos crímenes”, denunció Liliana Ortega, Directora Ejecutiva de COFAVIC.
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