La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó la noche del jueves a la Asamblea Nacional, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión para la revolución judicial actuar con “máxima celeridad” en la aplicación de la Ley de Amnistía, así como revisar los casos que no estén contemplados en el instrumento aprobado en segunda discusión y por unanimidad.
Desde el Palacio de Miraflores, y en compañía del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la mandataria firmó la Ley de Amnistía para su publicación en Gaceta Oficial y el inicio formal de su aplicación.
Rodríguez calificó la decisión como “un acto de grandeza” y afirmó que quienes han tenido actuación política se están “desprendiendo de la intolerancia” y “abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”. Sostuvo que los hechos registrados el pasado 3 de enero “tocaron el alma y la consciencia” de los venezolanos.
“Estamos dando este paso tan importante para mostrarle a Venezuela y al mundo de lo que somos capaces, el desprendimiento que como personas y como actores políticos estamos dando con esta Ley”, añadió.
Indicó además que, a 20 días de haberse propuesto el instrumento legal, quienes participaron en su elaboración “demostraron una extraordinaria madurez política”. Dijo sentirse “muy complacida” por la aprobación y aseguró que la norma abre “una puerta para que Venezuela se reencuentre, aprenda a convivir democrática y pacíficamente, se despoje del odio y de la intolerancia; que primen los derechos humanos, el amor, el entendimiento y el reconocimiento”.
“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, expresó.
En ese contexto, pidió “máxima celeridad” y que se evalúen los casos que no están contemplados en la Ley de Amnistía para “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática y la justicia”.
“Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia”, sentenció.
Horas antes, la Asamblea Nacional aprobó, en segunda discusión y por unanimidad, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promovida por el Gobierno encargado encabezado por Delcy Rodríguez. La sesión del 19 de febrero, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), inició con más de dos horas y media de retraso. Durante varias semanas, el Parlamento sostuvo encuentros con sectores de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y familiares de presos políticos, para evaluar el contenido del proyecto.
Dentro del cuerpo de la ley, el artículo 8 recoge de forma expresa los hechos que quedarán comprendidos en la amnistía. Allí se enumeran 13 hechos específicos, que van desde el golpe de Estado de 2002 y el paro empresarial y petrolero de 2002-2003, hasta manifestaciones vinculadas a distintos procesos políticos y electorales ocurridos en los años 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017 y 2019, salvo los constitutivos del delito de rebelión militar. También se incluyen las actuaciones de la Asamblea Nacional del período 2016-2021 y el “desconocimiento de instituciones y autoridades públicas”, la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos presidenciales en 2023 (primarias), así como hechos relacionados con las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios regionales y parlamentarios de 2025.
La nueva legislación también delimita con claridad los delitos que quedan excluidos del beneficio. De acuerdo con el artículo 9, no podrán acogerse quienes estén involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas o hechos previstos en la Ley contra la Corrupción. Tampoco aplicará a personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por “promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela por parte de “Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
En cuanto a sus efectos jurídicos, el artículo 10 establece que la amnistía extingue todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas, sin importar la fase del proceso en que se encuentren, e incluye las solicitudes de extradición relacionadas exclusivamente con los hechos amparados por la ley. En consecuencia, deberán cesar las “medidas de coerción personal” y otras restricciones impuestas.
El texto también prevé la eliminación de registros o antecedentes por parte de los órganos y entes administrativos, policiales o militares de quienes resulten favorecidos, así como la notificación a instancias competentes en caso de requerimientos internacionales, tal como lo dispone el artículo 14. Además, el artículo 15 contempla la creación de una comisión especial de 23 diputados que desarrollará mecanismos para asegurar el cumplimiento de la ley en coordinación con el sistema de justicia. Esta instancia estará presidida por Jorge Arreaza y tendrá como vicepresidenta a Nora Bracho.
Finalmente, la norma aclara en su artículo 16 que cualquier persona beneficiada que incurra en nuevos delitos después de su entrada en vigor quedará sujeta a los procesos legales correspondientes.