La victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015 fueron un punto de quiebre que aceleró el proceso de derrumbe de la democracia venezolana
El 6 de diciembre de 2015, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo una contundente victoria en las elecciones legislativas que le otorgaron 3/5 de los escaños de la Asamblea. Fue el cimbronazo más grande sufrido por el chavismo tras 16 años en el poder.
Desde ese día, el régimen de Nicolás Maduro fue utilizando todo tipo de herramientas para quitarle capacidad de acción al Poder Legislativo y evitar nuevos comicios y, previsiblemente, una nueva derrota. Fueron 480 días de furia hasta el golpe del 29 de marzo.
Copamiento de la Justicia
El 23 de diciembre de 2015, antes de que expirase su mandato y asumieran los nuevos legisladores, la mayoría oficialista de la Asamblea seleccionó a 13 magistrados titulares y 21 suplentes para el Superior Tribunal de Justicia (STJ), todos de probada militancia chavista. Fue una jugada estratégica. El STJ es el encargado de dirimir cualquier conflicto de poder que se pudiera producir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde entonces, Maduro se garantizó que el STJ jugaría siempre de su lado.
Bloqueo institucional
El conflicto de poderes quedó expuesto enseguida. Una de las primeras medias del STJ fue tomar una denuncia del oficialista PSUV sobre irregularidades en la elección de tres legisladores indígenas del Amazonas y ordenar la suspensión de su asunción. Con esos tres legisladores, la oposición hubiese llegado a los dos tercios de las bancas, una mayoría especial que la habilitaba para impulsar iniciativas como una reforma constitucional. Tras asumir el 5 de enero de 2016, la nueva Asamblea impugnó el nombramiento de los jueces del STJ denunciando que el procedimiento veloz había estado «viciado», pero STJ respondió que los asambleístas no tenían «potestad para revisar» su nombramiento.
Finalmente, unas semanas más tarde, la Asamblea decidió tomarle juramento a los legisladores indígenas y el TSJ declaró al Parlamento en «desacato», declarando nulas todas sus decisiones. El conflicto entre ambos poderes permaneció abierto todo el año pasado y derivó en un bloqueo institucional.
El Parlamento aprobó una docena de leyes que fueron declaradas ilegales por STJ, entre ellas, la ley de amnistía que hubiera liberado a 117 presos políticos, entre ellos a Lepoldo López.
Sin elecciones regionales ni referendo revocatorio
Cuando la oposición se vio imposibilitada de actuar a través de la Asamblea intentó poner en marcha el largo proceso burocrático para convocar a un referendo revocatorio, la posibilidad establecida por la propia Constitución chavista para destituir a un presidente por el voto popular. Hugo Chávez había salido airoso de un desafío semejante en 2004, pero Maduro sabía que él no lo pasaría. El gobierno puso una y mil trabas al proceso.
Al principio se sospechó que su intención era demorarlo. Es que si el revocatorio se hacía antes del 10 de enero de este año y el presidente lo perdía, debía renunciar y convocar a una nueva elección presidencial. Pero si se hacía después de esa fecha, Maduro podía perder su cargo pero, como quedarían ya menos de dos años para la finalización de su mandato, asumiría el poder su vicepresidente. Finalmente, el 21 de octubre, el Consejo Nacional Electoral suspendió todo el proceso de recolección de firmas e imposibilitó indefinidamente el referendo. En simultáneo, anunció la postergación de las elecciones regionales previstas para el año pasado hasta finales del primer semestre de este año. La justificación fue «la delicada situación económica» que atraviesa el país.
Aislamiento regional
Con el fin de los mandatos de la argentina Cristina Fernández y el uruguayo José Mujica y la destitución de Dilma Rousseff, Maduro perdió aliados de peso en la región. Con marchas y contramarchas, el Mercosur y la OEA comenzaron a ejercer presión para que el gobierno de Maduro respetara las instituciones democráticas, dialogue con la oposición y fije un cronograma electoral. Hubo intentos infructuosos de mediación por parte de la Unasur, Estados Unidos y el Vaticano, pero nada funcionó.
Ya este año, la Asamblea venezolana fue la que pidió a la OEA la aplicación de la Carta Democrática. Hace dos semanas, Almagro presentó una ampliación de su informe con nuevas denuncias y un llamado a la acción urgente a los países del hemisferio. Para el TSJ fue demasiado. En dos fallos de la última semana, primero acusó a los asambleístas de «traición a la patria», les quitó la inmunidad y le otorgó poderes excepcionales al Presidente y luego, en la noche del 29 de marzo, se hizo cargo directamente de las atribuciones del Poder Legislativo, volteando la última máscara democrática.
Infobae
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