La decisión permite iniciar la revisión de los argumentos expuestos por sus abogados, quienes alegan presuntas irregularidades durante el proceso judicial, entre ellas supuestas violaciones al debido proceso, afectaciones al derecho a la defensa y fallas en la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo admitió un recurso presentado por la defensa del capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, contra la sentencia dictada en su contra en primera instancia.
La decisión permite iniciar la revisión de los argumentos expuestos por sus abogados, quienes alegan presuntas irregularidades durante el proceso judicial, entre ellas supuestas violaciones al debido proceso, afectaciones al derecho a la defensa y fallas en la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio, reportó Efecto Cocuyo.
El tribunal deberá convocar una audiencia oral en la que participarán la defensa del exmilitar y representantes del Ministerio Público. Luego de esa fase, la instancia de alzada determinará si mantiene la sentencia original, modifica la pena o declara la nulidad del proceso y ordena un nuevo juicio.
Caguaripano fue condenado por su participación en la denominada “Operación David”, ocurrida el 6 de agosto de 2017 en el Fuerte Paramacay, ubicado en Naguanagua, estado Carabobo.
Ese día, un grupo integrado por militares retirados y civiles ingresó a la instalación militar y sustrajo armas del parque de la unidad. Las autoridades retomaron el control del recinto horas después, mientras Caguaripano permaneció en la clandestinidad hasta su captura el 11 de agosto de 2017 en La Urbina, Caracas, por funcionarios policiales.
El oficial retirado había hecho pública en 2014 su postura contra el gobierno de Nicolás Maduro a través de un video en el que llamó a la rebelión militar. Tras ese pronunciamiento, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inició investigaciones en su contra y fue separado de sus funciones.
Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado durante los últimos años las condiciones de su reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), además de solicitar atención médica y cuestionar presuntos tratos contrarios a las garantías fundamentales.