Madre de Beatrice Sansó y, por ende, suegra del exfuncionario Rafael Ramírez, Hildegard Rondón de Sansó no perdió su oportunidad de echufarse en la mina de oro negro en la que figuraba casi todo su clan familiar.
La abogada sufrió la purga madurista contra el árbol familiar Sansó-Ramírez, que terminó en septiembre de 2014, cuando Rafael, su nuero, fue destituido de la estatal petrolera y enviado a Estados Unidos.
No pasaron diez días de este descalabro en el poderoso clan, para que Rondón de Sansó lanzara sus primeras arremetidas contra el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro. A través de una columna publicada en el semanario Quinto Día, la exmagistrada de la antigua Corte Suprema entre 1992 y 1997, advirtió de la amenaza que representaba para la Constitución de 1999, la activación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Un hecho que, al parecer, ya había previsto el Gobierno en ese año y que se concretó, finalmente, en medio de la mayor crisis política de Maduro hasta entonces: en 2017. Rondón de Sansó no solo alertó de la activación de la ANC en 2014, sino que tres años más tarde, cuando el Ejecutivo madurista dio a conocer sus intenciones de reformar la Constitución creada por el comandante eterno, criticó abiertamente esta decisión.
En un artículo publicado en Analítica la Constituyente y reseñado por Aporrea, la suegra de Ramírez calificó como “una puñalada” a la Constitución vigente, la instauración de una Constituyente. “El Jefe de Estado le anunció al país que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, le tendría una ‘gran sorpresa’, la cual, ha quedado develada y, no debería denominarse ‘Gran Sorpresa’ sino ‘Gran Infortunio’”, fue el comentario con el que Rondón de Sansó arrancó su polémico escrito.
En el mismo, dijo que la propuesta de una ANC era un “gran ataque contra la tranquilidad pública; contra el régimen vigente en el Estado; contra el ordenamiento jurídico que nos rige y contra la actual Constitución”. A su juicio, las contradicciones entre los artículo 347 y 348 de la Carta Magna venezolana, impedía, jurídicamente, convocar una Constituyente.
“Para hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, además del sometimiento a una supuesta normativa, tiene que existir una razón real, objetiva, histórica que la justifique”, manifestó la jurista, quien recalcó el alto costo que dicha instalación genera al Estado, más aún, en medio de la peor crisis económica de la historia de Venezuela.
“No es posible que un gobierno que ha proclamado su atención y obediencia a la Constitución actual, fruto de las ideas del líder máximo que lo propiciara, de pronto declare que ese régimen debe ser transformado totalmente (transformar al Estado) y que esa normativa debe ser modificada por un nuevo régimen que tenga lineamientos totalmente diferentes, por lo cual es necesario revocar el texto vigente y sobre sus cenizas erigir uno totalmente diferente a sus pautas y regulaciones”.
Rondón de Sansó confirmó en su artículo lo que muchos políticos de la oposición habían advertido: “Se trata, en consecuencia, de eliminar la fuerza de los cinco poderes existentes en la Constitución para consagrar el predominio de un nuevo y único representado en la Asamblea Nacional Constituyente”.
Pocos meses después de estas declaraciones, Ramírez fue definitivamente desligado de la cúpula madurista al ser removido de su cargo como embajador de Venezuela ante la ONU, y Rondón de Sansó, fue salpicada una vez más por la arremetida. Luego de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanara la residencia del exministro de Petróleo, la siguiente parada fue la de la exmagistrada.
Pero esto no detuvo sus críticas al Gobierno. De acuerdo con Crónica Uno, en marzo de 2018 asistió al foro “Presente y Futuro de la Industria Petrolera”, en el que señaló a la Procuraduría General de la República de ocultar información respecto a los arbitrajes internacionales entre el sector petrolero venezolano y compañías extranjeras. “Hay pendientes entre 10 y 15 casos en el sector petrolero, la suma de esas demandas es enorme”, acotó Rondón, quien dijo que “la situación en minería es mayor”, debido a que “las cantidades son más onerosas”.
La suegra poderosa
Hildegard Rondón de Sansó se instaló en la estatal petrolera como asesora, luego de que su nuero, Rafael Ramírez, asumiera la presidencia. Al igual que su hija, Beatrice Sansó, la jurista se dedicó a tratar los asuntos legales de Pdvsa, pese a que el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, señala que:
“Ningún funcionario público podrá designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quien esté vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario”.
Según una publicación de la periodista Elizabeth Fuentes en Konzapata, al ser cuestionada al respecto, Rondón de Sansó respondió serenamente que su hija era una abogada altamente calificada y eso le permitía semejante posición. Durante su periodo como gestora en la petrolera, litigó en el caso con Exxon Mobil.
Además de esto, la abogada también figuró en la filtración de datos de Wikileaks, donde quedó al descubierto que trabajó con la Cámara Venezolana del Medicamento (Caveme) en 2010 para evitar que el Gobierno impusiera mayores restricciones sobre las patentes farmacéuticas.
De acuerdo con la información provista, la jurista redactó un proyecto de ley con “lenguaje chavista” para evitar que el de Eduardo Samán, entonces ministro de Comercio , se ejecutara. Fernando Allende, consultor legal de Caveme, fue quien reveló entonces al encargado de Asuntos Económicos de la Embajada estadounidense en Caracas la movida de Rondón de Sansó para frenar a su propio bando político en la aprobación de una norma que ponía en peligro el trabajo de las farmaceúticas en el país.