El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, informó que «sí estamos de acuerdo que hay una crisis humanitaria en Venezuela» por lo que «debemos atenderla de forma prioritaria».
Asimismo, precisó que «no debemos despreciar ningún tema, pero la crisis humanitaria se debe atender» y sumó que la atención humanitaria «se verá a final de enero» de 2023.
Dijo que los fondos serán destinados para la educación, la electricidad, la salud, entre otros: «estamos hablando de alrededor de US$3.000 millones».
«Venezuela no tiene US$38.000 millones ni en reservas ni en fondos protegidos, eso no existe», resaltó al tiempo que explicó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) creará un fondo fiduciario que será alimentado progresivamente de los recursos de Venezuela que manejará la institución internacional.
Procedimientos de licitación
El también abogado sostuvo que la ONU y sus agencias «van a tener que hacer procedimientos de licitación y de contratación pública para que todo el mundo pueda acceder a esa información».
«El próximo paso para el manejo de los recursos será la creación del fondo de la ONU y luego viene el proceso de licitación», enfatizó.
Aclaró que este es el inicio del proceso de negociación y en este proceso ha intervenido el Reino de Noruega como un facilitador y ha trabajado también la administración del presidente norteamericano, Joe Biden.
«Ahora es que viene un proceso de negociación fuerte: las condiciones electorales y el respeto de los Derechos Humanos son los próximos temas que llevaremos a la negociación en México», indicó en el Circuito Éxitos 99.9 FM.
El acuerdo rubricado el sábado entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria –ala de la oposición respaldada por Estados Unidos– establece que los recursos del Estado venezolano deberán usarse para atender necesidades urgentes de la población, entre las que se cuentan la rehabilitación de los servicios públicos.
El líder de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, aseguró a la prensa que el documento permitía el rescate de «más de 3.000 millones de dólares que fueron robados», pero Dujarric no quiso desmentir ni confirmar la especie ni ofreció detalles sobre cómo se usarán los primeros recursos desbloqueados.
Al ser consultado por los medios sobre si ese dinero podría utilizarse para cancelar las cuotas atrasadas de Venezuela en la ONU, el funcionario aclaró que los dos temas no están relacionados, aunque reiteró que, como han dicho las autoridades del país, «no hay reticencia (de Venezuela) a pagar, sencillamente hay obstáculos» que las partes estudian cómo superar.
Entretanto, una vez anunciada formalmente la reactivación de las negociaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) publicó una licencia que autoriza a Chevron a producir o extraer crudo o sus derivados a través de empresas mixtas entre la petrolera estadounidense y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), así como cualquier actividad de mantenimiento o reparación.