Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió este viernes al Gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición retomar las negociaciones como mecanismo para solucionar la crisis. “He apelado a los líderes políticos para que participen en el diálogo construido por Noruega”, dijo antes de abordar un avión en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas. Así lo reseña elpais.com
Su visita de tres días concluye con un acuerdo con el régimen para establecer dos delegados de su oficina de modo permanente en el país para el monitoreo, asesoría y asistencia técnica. Bachelet se mostró conmovida por la situación de los presos políticos y pidió su liberación, pero también destacó su preocupación por los efectos de las sanciones sobre la industria petrolera –impuestos por Estados Unidos– sobre Venezuela. “Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas de los familiares por obtener justicia ante graves violaciones de los derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen (…) Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de la Tortura, así como para evaluar los principales obstáculos en el acceso a la justicia del país”, detalló.
En su meteórica inspección intentó escuchar distintas voces. Cada sector de la sociedad tenía un lamento. En distintas zonas de la capital y algunas provincias, hubo manifestaciones de doctores y pacientes para reiterar la crisis de salud, de los hijos de los presos políticos que clamaron libertad para sus padres, de profesores desesperados alarmados por la decadencia de la educación, de jóvenes exponiendo el gigantesco éxodo y de periodistas rechazando la censura del régimen, entre otros reclamos. En total, ocurrieron 31 protestas a propósito de la visita, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Solo una fue atacada por grupos parapoliciales, conocidos como colectivos, porque el resto transcurrió en calma. Marco Ponce, director de OVCS, dice que es una situación atípica porque, comúnmente, los manifestantes son agredidos por los cuerpos de seguridad gubernamentales y civiles armados. “Solamente, en 2019, unas 61 personas han sido asesinadas durante protestas, mientras otras seis fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por organizarlas. Creemos que no hubo represión por la presencia de Bachelet”, acota.
Los periodistas que cubren la Asamblea Nacional pudieron entrar con facilidad al Palacio Federal Legislativo, sin el usual asedio de seguidores del chavismo y militares. “Logramos entrar porque usted está en Venezuela, porque la dictadura se pone piel de oveja por la visita de la Alta Comisionada”, reconoció Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente interino del país, que además adelantó que la exmandataria abogaba por la liberación de los presos políticos y que dos personas de su equipo se quedarán en el país para monitorear denuncias. En los días previos y durante la visita fueron liberados casi 30 personas detenidas por disentir del oficialismo, según la ONG Foro Penal quedan 687 en las cárceles.
Maduro quiso mostrar una faceta afable a la invitada. El líder chavista, considerado un presidente ilegítimo por medio centenar de países, dice que espera con “grandes expectativas” la visita y que asumirá con “serenidad” las “recomendaciones, propuestas de alto nivel profesional, de alto nivel humano, para que mejore Venezuela”.
La comisionada de la ONU aspiró escuchar “todas las voces” de la crisis venezolana. Su propósito fue “trabajar con todos los actores para promover” y proteger los derechos humanos. No es una crisis desconocida. Su despacho elaboró dos informes en 2017 y 2018. En marzo, hizo un reporte oral que evidenció su preocupación por la reducción del “espacio democrático”. Para el 5 de julio presentará un documento con sus conclusiones.
Las reuniones con hombres del régimen incomodaron a opositores. “Debe saber que está reunida con un criminal (Tarek William Saab, fiscal general) que usurpa un cargo público. Es por ese personaje que hoy el Ministerio Público no garantiza los DD HH de los venezolanos, sino que persigue a la disidencia y encubre crímenes de lesa humanidad”, zanjó Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Constituyente y en el exilio después de oponerse a la represión en las protestas antigubernamentales de 2017.
Los portavoces del oficialismo, cada vez que comentaron la visita de la diplomática, recalcaron que fue posible por la “invitación” de Maduro, mencionaron las supuestas bondades del socialismo chavista y solicitaron el cese de las sanciones estadounidenses. Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que compartió “el modelo de protección social, de garantía de los derechos humanos” imperante desde 1999. Los medios de comunicación, afines al Gobierno, redoblaron su propaganda a favor de la revolución.