La Asamblea Nacional acaba de decretar en su sesión extraordinaria de este lunes “el estado de alarma, como modalidad del estado de excepción, en todo el territorio nacional, debido a la calamidad pública generada por la interrupción sostenida del suministro eléctrico que ha afectado a la gran mayoría de los venezolanos desde el día jueves 7 de marzo de 2019, situación que pone seriamente en peligro la seguridad de la nación y de sus ciudadanos”.
En su aparte tercero, numeral B, el decreto señala que “se ordena a los integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana abstenerse de impedir u obstaculizar las legítimas protestas del pueblo venezolano mediante las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresan no solo su rechazo al deplorable estado en que se encuentra el sistema eléctrico del país sino, sobre todo, su inmensa indignación hacia quienes con su ineptitud y corrupción son los culpables de tal deplorable estado”.
Y en su numeral G, el mismo artículo del decreto señala que “para el cumplimiento cabal del ahorro de combustible que se requiere para permitir el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico, se ordena la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados a la República de Cuba”.
“Se instruye a todo el personal del servicio exterior del país a que realicen los contactos a que haya lugar a fin de coordinar la cooperación técnica internacional que se pueda brindar a nuestra Nación para lograr el mejor asesoramiento en la superación de esta calamitosa situación, todo ello de conformidad con las instrucciones giradas por la Presidencia de la República en conducción de las relaciones internacionales”, se indica en el aparte C.
Además, “se instruye a todos los funcionarios de los servicios de salud público a que procuren todos los recursos de cooperación que sean posible obtener del sector privado a fin de superar las necesidades que se presentan en la atención de pacientes afectados en sus tratamientos por la calamidad eléctrica que nos aqueja”.
“Se instruye a las autoridades administrativas correspondientes a que se tomen las medidas necesarias para garantizar el máximo ahorro de combustible a fin disponer de las cantidades suficientes para permitir el funcionamiento adecuado de los equipos del sistema eléctrico que lo requieran”, indica el decreto.
“Con la presente declaratoria de estado de alarma se ratifican todas las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en ningún aspecto implica la suspensión de alguna de las garantías constitucionales previstas en la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela. A tal efecto se informará del presente decreto al Secretario General de la Naciones Unidas en atención a lo dispuesto en el artículo 4 de dicho tratado”, se señala en el parágrafo cuarto del documento legal.
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