La Asamblea Nacional aprobó este lunes el proyecto de Ley de Minas, que busca aumentar las garantías jurídicas y que deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que Estados Unidos emitiera hace tres días una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.
El diputado Luis Florido reclamó que, en cumplimiento del reglamento, los proyectos de leyes se entregaran con tiempo para poder revisados. Rechazó que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificara a la bancada opositora como “tóxica” y recordó que en la sesión anterior condenaron que las leyes no eran presentadas con tiempo suficiente “para hacer las observaciones a las que haya lugar”.
Sin embargo, Rodríguez rechazó que salvaran su voto porque afirmó que “esta ley es mucho más importante” que el hecho de no haber revisado el documento con anterioridad.
El diputado Orlando Camacho presentó ante la Asamblea Nacional la propuesta de reforma a la Ley de Minas, un proyecto que explicó pretende actualizar el marco de este sector y establecer nuevas reglas para el manejo de los recursos minerales del país.
Añadió que esta iniciativa responde a la necesidad de tener una ley adaptada a las condiciones actuales de la actividad minera, que ordene el desarrollo de este sector en el país.
“Este hecho precisa una normativa conformada por criterios técnicos, así como una estructura acorde a estas nuevas necesidades”, afirmó durante su exposición.
Afirmó que el proyecto de reforma toma en cuenta que la actividad minera se ubica, por lo general, en zonas no urbanizadas, por lo que cree debe incorporarse principios de desarrollo sostenibles.
También sostuvo que la reforma de esta norma busca fortalecer la seguridad jurídica y crear condiciones que permitan atraer inversiones: “La seguridad jurídica se está complicando en el proceso nacional, así como también la inversión extranjera”.
Entre los aspectos incluidos en la propuesta, Camacho mencionó la incorporación de nuevas figuras jurídicas relacionadas con la administración de los recursos minerales. “Esta ley incorpora sectores importantes y figuras tales como la gestión de los recursos minerales, la declaratoria de minerales estratégicos y la reserva del Estado en zonas de seguridad”, explicó.
El proyecto también contempla disposiciones vinculadas con la protección ambiental asociada a la actividad minera y dijo que los materiales medioambientales necesitan mayor protección jurídica.
Destacó además que la reforma precisa el rol del Ministerio de Minas como autoridad encargada de regular el sector. Detalló que “el Ministerio de Minas se establece como órgano rector para regular, dirigir y organizar toda la actividad minera en lo que tiene que ver con la exploración, explotación, producción, arranque y acarreo de todos los minerales”.
La reforma de la Ley de Minas plantea la creación de un Fondo Social Minero, con la idea de que este establezca los ingresos y funciones para desarrollar y proteger la seguridad social de los trabajadores de este sector.
También propone la creación de un Banco de Datos Geocientífico Minero para centralizar información técnica sobre los recursos del subsuelo. “Es necesario saber cuál es la información geológica, geofísica, geoquímica, geotécnica y minera de Venezuela, tanto en formato digital como analógico”, dijo el diputado Camacho.
Este banco de datos permitirá consolidar la información sobre los yacimientos del país.
El proyecto también plantea la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera, para fiscalizar, revisar y controlar la actividad y así buscar “beneficios fiscales que favorezcan la inversión nacional e inversión extranjera”, afirmó.
Camacho indicó que el proyecto de ley está compuesto por 19 capítulos, 126 artículos, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final.
Recientemente, Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.