La necesidad de realizar una consulta popular se impone entre los venezolanos y es acompañada por mucha de las naciones; la Vía Electoral puede que no sea suficiente para salir de la crisis socio-económica, pero garantizaría la gobernabilidad necesaria para ejercer los mecanismos políticos “digámoslos responsablemente muchos comienzan o pasan por la Asamblea Nacional” explicó el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel.
Sean cual sean los comicios electorales, se trata de que los mismos sean llevados por una institución (CNE) que trasmitan confianza, bajo un proceso competitivo y transparente; de manera que los resultados obtengan el reconocimiento necesario.
Para el logro de acuerdos existe regla “del máximo esfuerzo en los mínimos consensos” y coincidimos en necesidad de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) del actual se cuestiona la forma en que condujo los procesos electorales posteriores al 2015, lo que llevó al desconocimiento de las convocatorias y resultados, a nivel nacional e internacional.
Solo un árbitro imparcial, profesional que recupere la institucionalidad del Poder Electoral, le puede dar el significado al voto como herramienta de la democracia para elección de representantes y al recuperar la confianza entre votantes se coartan otros escenarios e incluso las organizaciones políticas (OFP) adquieren valor en la organización social.-
El estado actual de conflictividad política entre las OFP de la oposición, es preocupante pues “no se puede lograr un Reconocimiento y Reencuentro con otros factores, si en casa no lo tienes” lo avanzado en este tema a finales del 2019 con la incorporación del PSUV a la Asamblea Nacional y la vuela del centro de la Política al Parlamento, tiene ahora un declive institucional, con la existencia de dos directivas quedando obstaculizado más mecanismo administrativos y políticos en la Asamblea Nacional.
Esto se evidencia con el nombramiento del Comité de Postulaciones Electorales, en la actualidad recalcó el riesgo existente que el CNE sea nombrado por el TSJ producto de la omisión legislativa “sea por no contar la asamblea nacional con los votos necesarios 2/3 de los integrantes o que se alegue el supuesto desacato” sin mediar ningún acuerdo político, en definitiva en manos del Tribunal Supremo de Justicia estaría quedando el nombramiento y la reinstitucionalización del poder electoral, con los riesgos que esto implica a nivel de la falta de confianza que podría dejar los nombramientos; y la actuación oportunista de ciertos actores políticos que no están acorde con la vía electoral.