La representación del Gobierno de Venezuela incorporó este martes al diplomático Álex Saab como miembro pleno de la Mesa de Diálogo que se realiza México con la Plataforma Unitaria, que agrupa a la oposición radical del país suramericano.
La información fue confirmada este martes por el jefe de la delegación gubernamental en el proceso de diálogo, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa ofrecida en Caracas, donde detalló que la incorporación de Saab será informada al Reino de Noruega, que actúa como mediador del proceso de conversaciones.
Rodríguez recordó que Saab, quien es embajador plenipotenciario de Venezuela en África, se encuentra detenido «de manera ilegal» en la isla de Cabo Verde desde junio de 2020, a petición del gobierno de EE.UU. Asimismo, afirmó que el diplomático es perseguido porque encabezó gestiones para garantizar el acceso de los venezolanos a rubros de primera necesidad, que han sido bloqueados por Washington.
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El también presidente del parlamento venezolano agregó que Saab también ha sido incorporado, «con plenas funciones», como delegado pleno «ante la Mesa Social que fue aprobada en el Acuerdo Parcial de atención al pueblo de Venezuela, firmado en México».
Del mismo modo, Saab formará parte de la comisión para reclamar los bienes y fondos de Venezuela confiscados en el extranjero tras la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Ese equipo, acotó el Rodríguez, estará integrado por él, Saab y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.
La captura de Saab ocurrió en circunstancias que Caracas califica como irregulares y violatorias de su inmunidad diplomática, pues se produjo cuando viajaba con destino a Irán para concretar la compra de medicinas y alimentos para la población venezolana.
El caso Saab
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020, mientras hacía una parada técnica —para recargar gasolina— en Cabo Verde, pese a su condición diplomática de enviado especial de Venezuela. Su destino era la capital iraní, Teherán.
En enero de este año se le concedió arresto domiciliario, mientras era analizado su proceso de extradición a EE.UU.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional de Justicia de Cabo Verde autorizó su extradición a EE.UU., donde es reclamado por un presunto delito de blanqueo de dinero.
Saab fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en julio de 2019, por supuestamente tener «contratos sobrevalorados» para la construcción de viviendas de interés social en Venezuela, y por permitir que Maduro se «beneficiara significativamente» de la importación y distribución de alimentos, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un mecanismo estatal que ha sido clave para la compra de rubros de primera necesidad, en medio del bloqueo.
El Gobierno venezolano sostiene que el entramado judicial es una pieza más de las agresiones de Washington contra el país; mientras que Saab denuncia que todo el proceso en su contra «tiene una motivación política», que es «derrocar al presidente Maduro y poner a Venezuela de rodillas».
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró el pasado viernes que la persecución contra el empresario y diplomático venezolano está «políticamente motivada». RT