Un total de 32.626 presos conviven en los calabozos de los centros de reclusión policial del país, informó Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG que mediante visitas a estos recintos mide el hacinamiento.
Citó como ejemplo a Polichacao, donde hay más de 100 presos y cuando sus familiares los visitan se concentran más de 200 personas, entre detenidos, funcionarios policiales y personas que van a hacer diligencias. Hace días el hacinamiento en esa dependencia pasó de 240%, según la ONG, lo que ocasionó un motín en la madrugada. Los presos pedían traslado a las cárceles previstas para procesados.
En el foro Día Internacional del Recluso, que coincidió con el tercer aniversario de las Reglas Mandela, Prado señaló que en los recintos carcelarios venezolanos hay 54.000 internos y 32.626 en calabozos policiales. El activista se preguntó por qué si la ministra Iris Varela afirmó recientemente que tiene 86.000 cupos en los penales, no cede unos 30.000 para los detenidos que permanecen en los retenes policiales.
Agregó que si los traslados se llevaran a cabo los presos podrían ver el sol, estudiar, aprender algún oficio, hacer deportes o asistir a talleres en estos establecimientos, puesto que donde están ahora no tienen posibilidad de realizar ninguna actividad productiva.
Prado se refirió a la Zona 7 de la Policía Nacional, en Petare, otrora sede de la Policía Metropolitana, donde hay mas de 1.000 detenidos en 15 calabozos, que aproximadamente miden 6×6 cada uno y donde caben unas 4 personas.
La situación de los calabozos en los centros de retención, afirmó, sigue siendo crítica y señaló que en la policía del municipio Sotillo del estado Anzoátegui los presos ahorcaron a tres detenidos que llegaron el lunes pasado en la mañana y en la tarde ya los habían matado. A esos tres hombres los detuvieron agentes policiales cuando presuntamente intentaron robar una moto.
Manifestó que el sistema de justicia es como un reloj suizo debido a los pasos que se dan una vez que una persona es detenida por un organismo de seguridad: es puesta a la orden del Ministerio Público, y es el juez ante quien lo presentan el que fija el sitio de reclusión, una medida cautelar o decreta la libertad.
“Pero la ministra ha cambiado todo y es ella quien designa el cupo. Eso es irregular… y lo ha hecho ley de manera autoritaria. Es como a ella le da la gana”. Y Añadió que el problema de hacinamiento en los calabozos policiales compete al Estado. “Nadie puede estar fuera de esa competencia. No se pueden evadir responsabilidades”, aseguró.