269 fiscales del Ministerio Público han sido procesados por hechos de corrupción

El máximo representante del Ministerio Público informó que hasta la fecha han sido procesados 269 fiscales del Ministerio Público por actos de corrupción, de los cuales 125 tienen imputaciones y 24 han sido condenados, al incurrir en practicas ilícitas heredadas de la antigua administración, quien fue catalogada como ” la mano que mecía la cuna durante más de una década” y en donde se delinquía junto con sus directores y allegados.

En este sentido, dijo que “aquí se instaló un patrón que intentaba hacer ver mal al sistema de justicia; e iniciamos una nueva lucha que todavía no termina. Siempre digo que cuando hay un fiscal corrupto debe haber alguien que lo esté alentando, donde se cobra y se recibe una cantidad de dinero para favorecer a la persona que va a ser presentada en audiencia y de esta forma solicitar al tribunal que en vez de ser objeto de una medida judicial privativa de libertad, se le imponga una medida cautelar, perpetrando de manera flagrante el delito de corrupción propia simple”.

Por otra parte, William Saab reveló que también se pudo corroborar que algunos fiscales del Ministerio Público que conocen una investigación penal, se daban a la tarea de solicitar el sobreseimiento de la causa, sin tener en las actas del expediente elementos de convicción que den alguno de los presupuestos establecidos para ello: Y con esta actuación ilegal se intentaba favorecer al investigado o imputado de autos, incurriendo en el delito de corrupción propia agravada.

Asimismo, el máximo representante de la vindicta pública que otros representantes de esta institución garante de la acción penal que tienen a su cargo una investigación penal, han decidido desviar el camino de la ética profesional y ” han solicitado dinero a los investigados en autos para manipular declaraciones y así poder arribar a un acto conclusivo que le beneficie”, cometiendo el delito de concusión.

Igualmente, el Fiscal General denunció casos sobre delito de omisión dolosa, donde “el fiscal deja de emitir un acto conclusivo (a los 45 días) en un procedimiento con detenido, para que decaiga la medida y el tribunal otorgue la libertad, incurriendo en omisión premeditada”.

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