Las asociaciones de migrantes venezolanos en Ecuador aseguraron que es «casi imposible» tramitar en Venezuela un certificado apostillado de antecedentes penales, exigido desde este lunes el gobierno de Ecuador para todos aquellos ciudadanos de ese país que quieran entrar en su territorio.
Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (Acve), explicó en una rueda de prensa que un venezolano podría tener que esperar no menos de seis meses en su país para obtener ese documento.
Enfatizó que depende de la gestión y de los sistemas electrónicos del mismo país y por la ausencia de funcionarios públicos que agilicen el trámite.
Regalado mostró su preocupación por la situación «de embudo» que se va a formar en la frontera con Colombia porque, a su juicio, las personas que vienen en tránsito, o a establecerse en Ecuador, no van a tener la posibilidad de obtener el documento.
Por el contrario, recordó que los que ya residen en Ecuador tienen mayor facilidad para obtenerlo a través de cualquier consulado.
Otto Sonnenholzner, vicepresidente de Ecuardo, anunció que ha empezado a exigir certificado de antecedentes penales «apostillado» para impedir el ingreso de delincuentes al país, tras el asesinato el sábado de una mujer embarazada en la ciudad de Ibarra.
En un mensaje a la nación, aseguró que su país agotó todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que permitan verificar la información de quienes llegan al país.
«Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado», informó.
Regalado criticó la nueva disposición del gobierno ecuatoriano y, dado los obstáculos, le instó a que solicite el documento de Interpol.
«Es más fiable que cualquier institución pública en Venezuela», consideró, a su juicio, más «sencillo, barato y fácil de manejar» que el certificado apostillado.
Ante el femicidio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que viajó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, subrayó en unas declaraciones que su gobierno no sacrificará la seguridad de la ciudadanía pese a mantener las puertas abiertas a la emigración.
Sus declaraciones han causado la indignación de círculos de emigrantes, que han denunciado una ola de xenofobia en todo el país desde el femicidio.